Riba-roja excluye a los concejales de las mesas de contratación y obligará a retransmitir por televisión las adjudicaciones

El concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Rafael Gómez.

El concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Rafael Gómez.

El pleno aprueba un decálogo de medidas para aumentar la transparencia

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una propuesta del equipo de gobierno para aumentar la transparencia y la participación en los contratos de los servicios públicos que impedirá a partir de ahora la presencia de concejales y políticos en las mesas de contratación al tiempo que se servirán de las nuevas tecnologías para que las sesiones de estos organismos puedan ser retransmitidas por televisión.

El decálogo aprobado para el acceso a la información y del buen gobierno en la gestión de los recursos públicos ha contado con el respaldo de Ciudadanos y de Riba-roja Pot y el voto en contra del Partido Popular. Su objetivo es avanzar más en la línea de reforzar la transparencia en todas las fases del procedimiento administrativo con nuevas medidas que incrementan el acceso de los ciudadanos a la gestión municipal.

El decálogo refrendado por el pleno contiene hasta un total de diez puntos que garantizan la transparencia y la pluralidad desde la constitución de las mesas de contratación hasta la adjudicación y la consulta de las sesiones por los ciudadanos. La primera de las medidas consiste en la designación de los miembros de las mesas que sólo podrán ser empleados públicos del ayuntamiento.

La segunda medida permitirá grabar las sesiones íntegramente para que, a continuación, puedan ser consultadas en la página web municipal por los ciudadanos, además de la publicación del acta de la mesa de contratación en el perfil del contratante y en el portal de la transparencia. También se publicará un anuncio en la página web para facilitar la participación otros posibles licitadores.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria limitará el número de contratos que se pueden adjudicar directamente mediante un contrato menor de forma que un mismo proveedor o contratista no podrá acumular contratos. En un plazo de tres meses se implantará la licitación electrónica para todos los contratos, incluidos los menores.

El decálogo prevé también aquellas situaciones en las que un posible licitador o proveedor carezca de los suficientes conocimientos electrónicos para participar en la licitación a través de reuniones informativos o sesiones de trabajo que les permitan presentar su oferta con la total transparencia en el proceso sin que se produzca una merma por falta de formación o medios tecnológicos.

Además, cualquier ciudadano de Riba-roja podrá solicitar, mediante una instancia en el registro de entrada, el acceso a todos los expedientes de contratación concluidos con total libertad y transparencia hasta el punto que podrá examinar la documentación existente al respecto.

Todos los concejales de la corporación municipal también tendrán acceso a esta información ya que trimestralmente se dará cuenta de todos los contratos celebrados en la comisión informativa de régimen jurídico, con todo el detalle íntegro de todos los expedientes elaborados por el ayuntamiento. Esta información se completará con los informes íntegros de la secretaría general y la intervención en materia de contratación que se colgarán en el portal de la transparencia municipal.

El concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Rafael Gómez, ha subrayado que las medidas aprobadas “son pioneras en el ámbito valenciano ya que superan incluso las directrices marcadas en la ley de transparencia y del buen gobierno de 2015 de la Comunitat Valenciana con el único propósito de garantizar la limpieza, la participación y la pluralidad en todas las contrataciones del ayuntamiento”. 

Gómez ha recordado el decálogo “se añade a todas las medidas que hemos aprobado a lo largo de estos dos años de gestión municipal, desde la creación de la propia concejalía hasta ahora inexistente, la aprobación del código del buen gobierno, el reglamento para impedir a los concejales el uso de las denominadas puertas giratorias durante un periodo de dos años tras abandonar sus responsabilidades municipales o el portal de la transparencia con datos y detalles nunca conocidos en este ayuntamiento”.

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