La Confederación Hidrográfica del Júcar ha retirado la penalización en el canon que el Ayuntamiento debe pagar anualmente por los vertidos del polígono industrial Castilla a cauce público. Esta medida ha sido tomada en vista de la notable disminución de los residuos contaminantes en las últimas analíticas realizadas en las aguas vertidas desde la estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R) del polígono, que se está produciendo como resultado de las acciones llevadas a cabo por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste. Así, en 2017 el canon penalizado ascendía a 113.000 euros que, tras recurso presentado, ha quedado en 22.000 euros, suponiendo un ahorro para las arcas municipales de 91.000 euros.
“Cuando llegamos a este ayuntamiento nos encontramos con que el anterior gobierno del Partido Popular había solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en 2014, la subrogación del expediente de autorización de vertidos del polígono industrial, o lo que es lo mismo, que el Ayuntamiento se hiciera cargo del pago del canon por las aguas residuales que vertían las empresas del polígono, cuya titularidad no le correspondía”, explica la concejala de Medio Ambiente, Mª Ángeles Llorente. “Esta decisión del gobierno del Partido Popular tuvo consecuencias muy graves, ya que a partir de este momento empiezan a llegar al Ayuntamiento requerimientos de la Confederación que superan su capacidad técnica, jurídica, administrativa y económica. El canon pasa de 22.000 euros en 2014 a 97.000 euros en 2015, ya que los vertidos del polígono incumplen con los valores límite de contaminación permitidos y, como consecuencia, la Confederación nos aplica una penalización, cada vez más alta”.
Ante esta situación, desde el equipo de gobierno se pone en marcha un plan de actuación para conseguir reducir la contaminación de las aguas vertidas por las empresas del polígono industrial Castilla, para así poder cumplir con todos los requerimientos legales por parte de la Confederación, que han permitido que se retire la penalización.
La primera medida adoptada por el equipo de gobierno fue la contratación de un gabinete técnico-jurídico y otro únicamente jurídico para que realizaran un estudio completo del expediente de autorización de vertidos con la finalidad de determinar las responsabilidades que pudieran derivar del mismo y asesorar al Ayuntamiento en todo el proceso. También se ha revisado la ordenanza municipal que regula la tasa por control de vertidos en el Polígono Industrial Castilla, que ya fue aprobada en el pleno del mes de abril, y que restringe los valores de contaminación permitidos y establece un régimen de sanciones para las empresas que lo incumplan. Además, se ha contratado un Plan de Control de Vertidos para garantizar el cumplimiento de la ordenanza y se ha incorporado a la plantilla del Ayuntamiento a una técnica medioambiental especialista para que se encargue de la gestión y supervisión de los trabajos a realizar en este sentido.
“Hay que destacar la buena predisposición de la mayoría de empresas, que se han comprometido a adoptar las medidas necesarias para disminuir los parámetros de su vertidos ante la petición del Ayuntamiento de que presenten un programa de reducción de la contaminación. Con su colaboración y el trabajo del Ayuntamiento identificando a los responsables de los vertidos que incumplen con la normativa para iniciar los expedientes sancionadores correspondientes, pensamos que la situación va a mejorar aún más”, explica Llorente. “La aplicación de estas medidas y todo el esfuerzo dedicado a solucionar los problemas causados por la dejación de responsabilidades del anterior gobierno del PP están empezando a dar sus frutos: las últimas analíticas de las aguas vertidas ya cumplen con la normativa, la confederación nos ha retirado la penalización en el canon y las empresas están implicadas en la reducción de la contaminación. Todo ello ha supuesto un ahorro de 91.000 euros que podremos utilizar para la realización de los proyectos que tenemos en marcha”, concluye la concejala de Medio Ambiente.
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