El ayuntamiento de Riba-roja reduce un 50% los gastos jurídicos en sólo dos años de gestión del nuevo gobierno local

El PP gastó 547.512 euros en doce años en tres abogados distintos.
El PP gastó 547.512 euros en doce años en tres abogados distintos.
El PP gastó 547.512 euros en doce años en tres abogados distintos.
El PP gastó 547.512 euros en doce años en tres abogados distintos.

El equipo de gobierno ha anunciado que los gastos jurídicos se han reducido en dos años de gestión en un 50% respecto del anterior ejecutivo del Partido Popular al pasar de los cerca de 42.116 euros anuales de media a los actuales 21.780 euros actuales. Bajo los gobiernos del Partido Popular se llegaron a gastar 547.512 euros en temas jurídicos entre los años 2002 y 2015.

La drástica reducción ha sido posible tras la entrada del actual gobierno que licitó un nuevo contrato para la defensa jurídica del ayuntamiento y que ha permitido rebajar a la mitad estas partidas económicas. De esta forma, los intereses públicos del consistorio quedan protegidos actualmente en los mismos términos que durante los anteriores años bajo gobiernos del ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular.

El gobierno actual de Riba-roja -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha recordado que durante los ejecutivos del Partido Popular -de los que también formaba parte la actual portavoz popular, María José Ruiz- se llegaron a disponer de hasta tres abogados distintos que se embolsaron en total los citados 547.512 euros a lo largo de los trece años.

Uno de los representantes jurídicos facturó al ayuntamiento un total de 17.125 euros entre junio y julio de 2012 en concepto de defensa para el ex alcalde de Riba-roja de Túria Francisco Tarazona. Otra de las abogadas se embolsó, por su parte, 293.705 euros entre los años 2002 y 2011, a una media de 29.300 euros anuales. Por último, otro representante jurídico obtuvo un total de 236.682 euros en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2015, con una media de facturación de 33.800 euros al año. Sin embargo, estas cifras se han aminorado notablemente en esta legislatura.

Los honorarios mensuales que abonó el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria por la defensa de sus intereses jurídicos oscilan entre los 2.100 y los 2.500 euros en total a los que se suman, además, las cantidades destinadas a otras minutas por autos y diligencias previas de determinados procedimientos judiciales, para los que se llegan a pagar hasta 12.000 euros en total.

El actual gobierno municipal de Riba-roja ha asegurado que el proceso de adjudicación de la defensa jurídica del consistorio se llevó a cabo «con absoluta transparencia y limpieza» certificado con la existencia de dos informes municipales elaborados por parte de los departamentos de Secretaría e Intervención con arreglo al pliego de cláusulas administrativas así como las prescripciones técnicas. Estos estudios municipales «desmienten» la denuncia interpuesta por Riba-roja Pot en la Fiscalía de Valencia en relación a posibles irregularidades en el proceso administrativo.

Los dictámenes municipales establecen que el Ayuntamiento de Riba-roja aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Para ello, se presentaron tres ofertas y finalmente se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria.

A la vista de los acontecimientos, el equipo de gobierno atribuye la denuncia de Riba-roja Pot «a la estrategia calculada y premeditada de este grupo político por atacar y derribar a este gobierno con la ayuda inestimable para ello del Partido Popular; de forma sobrada, se ha demostrado que los servicios jurídicos se adjudicaron a la oferta más barata de las presentadas en un sobre cerrado certificado por los propios funcionarios habilitados nacionales».

Por ello, el gobierno de Riba-roja ha añadido que «seguiremos luchando por defender la buena gestión realizada en estos dos años de legislatura frente al despilfarro y el clientelismo con que actuó el Partido Popular, con unos gastos desmesurados e injustificables en materia de servicios jurídicos». 

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