El Pleno de Cheste aprueba el nuevo reglamento de la Policía Local y modifica la ordenanza de tráfico ante la proximidad del GP de Motociclismo

El Pleno aprueba el nuevo reglamento de la Policía Local y modifica la ordenanza de tráfico ante la proximidad del Gran Premio de Motociclismo.
El Pleno aprueba el nuevo reglamento de la Policía Local y modifica la ordenanza de tráfico ante la proximidad del Gran Premio de Motociclismo.

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La última sesión de pleno ordinaria del Ayuntamiento de Cheste ha aprobado dos medidas de cara a la próxima celebración del Gran Premio de Motociclismo. Por un lado, el nuevo reglamento de la Policía Local permitirá el uso de drones con todas las garantías y, por otro parte, a través de la ordenanza municipal de tráfico se evitarán las posibles molestias a los vecinos y vecinas con la regulación de la acampada libre en el casco urbano.

Nuevo reglamento para la Policía Local de Cheste

Tal y como explicó la concejala de Seguridad, Talía Roselló, el Ayuntamiento ha elaborado un reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Local de Cheste ante la necesidad de tener una norma marco que regule su actividad en el municipio. “Este reglamento se trae en este momento por dos cuestiones prioritarias, por un lado dar una normativa jurídica a los guardas rurales dentro del cuerpo; ahora están un poco en el limbo y teníamos que dotarles de esta norma marco para que se incluyeran de este modo dentro de la Policía Local”, explicaba Roselló. “El segundo motivo es que somos el primer municipio de toda España habilitado para volar drones por parte de la Policía Local y estamos obligados a pasar ese reglamento por pleno para empezar a funcionar con total garantía. Lo de los drones fue algo prioritario en un momento determinado, tanto por seguridad dentro del Mundial como por seguridad en la agricultura en nuestro municipio, para poder controlar todos los campos, sobretodo en época de recolección de cosechas”.

El nuevo reglamento fue aprobado por unanimidad.

Ordenanza municipal reguladora del tráfico

Roselló también fue la encargada de explicar este punto, comenzando por aclarar que no se trata de una ordenanza fiscal, y agradeciendo al resto de grupos políticos su participación a través de varias reuniones previas. “Esta ordenanza ha sido también prioritaria en este momento para poder regular las acampadas libres que se estaban produciendo dentro del municipio y en los alrededores del casco urbano, sobretodo de caravanas que de manera ilegal se instalan en las calles con motivo de la celebración del Mundial, con todo lo que conlleva, sacando barbacoas, etcétera”, explicaba la concejala. “También nos habían trasladado otro problema y es que los vehículos de más 3.500 kg de masa estaban aparcando en las calles, deteriorando el asfaltado, así que hemos regulado que no se pueda aparcar determinados tonelajes dentro del casco”.

En este sentido, el alcalde, José Morell, puntualizó que “más allá de los desperfectos en el asfalto también se estaban produciendo molestias a los vecinos en varias zonas del pueblo, generadas por los ruidos de los camiones que arrancan muy temprano y que en algunos casos también les bloquean la visión. Teniendo el polígono Pino Blay tan cerca, vamos a prohibir aparcar esos camiones dentro del casco urbano”, afirmaba Morell.

Este punto también fue aprobado por unanimidad.

Otros puntos del Pleno

El Pleno también aprobó por unanimidad la modificación de crédito correspondiente al pago de 7.000 euros anuales a la trabajadora social municipal, a cargo de la Diputación de Valencia, por realizar las tareas de coordinación del equipo de Servicios Sociales, formado por cinco personas.

Este punto fue explicado por la concejala de Bienestar Social, Mª Ángeles Llorente. “A principios de este año la Diputación de Valencia remite al Ayuntamiento un certificado en el que explica cómo financia a todo el equipo de Servicios Sociales; esta vez en la planilla que nos mandan con lo que nos dan para pagar los salarios de estas personas figura el concepto de coordinación, que asciende a 7000 euros, lo que significa que la persona que coordina el equipo tiene que cobrar ese importe anual”, detallaba la concejala. “Para que la trabajadora social pueda cobrar por la tarea de coordinación, el Ayuntamiento ha tenido que buscar la fórmula legal y ver con los técnicos en qué partida se podía incluir, ya que no sabemos qué va a pasar con la Ley Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, ni si los servicios base se mantendrán o pasarán a depender de otras administraciones. Al final, haciendo caso a la interventora, se le va a pagar de momento en concepto de productividad, aunque no lo es, mientras la situación siga así”.

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