El pleno de Riba-roja condena los casos de corrupción y exige «la devolución del dinero robado»

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por unanimidad una propuesta del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- en la que condena los casos de corrupción acaecidos en la política española al tiempo que exige la devolución del dinero robado a todos los autores que hayan cometido un delito. La propuesta ha contado con el apoyo de los tres restantes partidos en la oposición municipal: Partido Popular, Riba-roja Pot y Ciudadanos.

El texto aprobado por el pleno incide en subrayar que las últimas noticias de corrupción «afectan de una manera muy negativa a la legitimidad de nuestras instituciones» porque, además, de «la sinvergonzonería» se demuestran que han fallado los mecanismos de control de los partidos y de las instituciones. «Es el momento, no podemos esperar, tenemos que actuar, los ayuntamientos somos responsables de configurar una administración íntegra, intachable y honrada», añade la moción.

La propuesta del gobierno de Riba-roja remarca, además, la necesidad de «retirar los honores públicos a las personas corruptas, en todas sus modalidades, placas conmemorativas, plazas estatuas o condecoraciones» al tiempo que insta al resto de la sociedad civil a apoyar estas actuaciones contra aquellas personas que han tenido cualquier relación con hechos delictivos.

De hecho, el compromiso del consistorio con la supresión de cualquier atisbo de relación del municipio con la corrupción se tradujo a principios del pasado mes de febrero con la retirada de las placas del ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, de los vestuarios y campo de fútbol artificial la Reva, el estadio municipal Roberto Gil, el complejo deportivo de la Mallà y, por último, de los vestuarios y de las pistas de pádel del polideportivo municipal.
Por último, la moción refrendada por unanimidad de todos los grupos políticos se manifiesta favorable a exigir «el cumplimiento riguroso de la ley en los mecanismos de control en la gestión de las administraciones públicas» y el rechazo frontal «en todas sus formas de la corrupción y luchar contra ella en todos sus ámbitos, promoviendo la calidad de la democracia, presidida por la ética y la dignidad».

Al tiempo se realiza un llamamiento a defender «el nombre de la sociedad valenciana, trabajadora y honesta» y un lamento profundo a la «estafa económica y moral a la que los corruptos nos han sometido».

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