El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una propuesta del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- apoyada por Ciudadanos y Riba-roja Pot y la abstención del Partido Popular en la que insta al Síndic de Comptes que fiscalice las cuentas económicas municipales entre los años 2010 y 2013, periodo bajo gobierno del Partido Popular.
La petición del pleno municipal se produce después de que este organismo fiscalizador valenciano haya acordado presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica que llevó a cabo el anterior gobierno popular, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, en el presupuesto del año 2014. En concreto, este organismo detectó, a raíz del análisis, que el PP realizó pagos por valor de 2’4 millones de euros sin que apareciera la documentación que los acreditara. Además, el consistorio popular concedió subvenciones al club de futbol local con numerosas irregularidades hasta el punto que las tipifica como «responsabilidad contable».
La propuesta refrendada por el pleno de Riba-roja constata que, a la vista de los numerosos episodios irregulares detectados se hace necesaria extender los estudios del Síndic de Comptes a los tres ejercicios presupuestarios anteriores ya que este organismo es el único competente en el ámbito valenciano para la emisión de informes, memorias o dictámenes sobre diversas cuestiones de la administración local.
El texto de la iniciativa subraya que las entidades peticionarias «asumen la plena y exclusiva responsabilidad de sus actuaciones y omisiones, no quedando vinculado el contenido de estos informes, memorias o dictámenes, a menos que sean dictados en forma de resoluciones ejecutables y firmes».
El gobierno municipal se compromete en poner a disposición de la Sindicatura toda la documentación que necesite para acometer un profundo análisis sobre las operaciones económicas que el PP realizó al frente del ayuntamiento durante el citado periodo de tiempo y reconoce que si este organismo no puede acometer estas tareas «se procederá a contratar una auditoría con un especialista externo o una firma privada».
El Síndic de Comptes subraya, en su escrito de conclusiones finales, que los gobiernos locales del Partido Popular de Riba-roja no aprobaron las cuentas generales desde los años 2000 a 2013 tal y como obliga la legislación local, de forma que se han incumplido los plazos legales previstos al respecto, pese a gozar de la mayoría absoluta suficiente en el pleno.
El actual gobierno municipal de Riba-roja ha expresado la conveniencia de que «un organismo independiente y de gran solvencia como la Sindicatura de Comptes analice la gestión que se llevó a cabo durante los citados años a la vista de las irregularidades y las anomalías detectadas, tanto por la concesión de las subvenciones como por la inexistencia de facturas para justificar determinados gastos; estamos hablando de cuestiones de una gravedad notable de la que se esperan respuestas tajantes por parte del anterior alcalde Tarazona como de la actual portavoz María José Ruiz que formaba parte de aquel gobierno».
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