El PP de l’Eliana advierte que los vecinos pagarán un 150% más por el agua por las supuestas irregularidades en la planta desnitrificadora

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La planta, que está siendo investigada en la macrocausa de Acuamed, tenía un coste de 5 millones de euros y acabó costando casi 17 millones
Estamos ante un escándalo nacional que salpica al ex alcalde de l’Eliana del PSOE y actual Director General de Emergencias
El Síndic ha obligado al Ayuntamiento a pagar un millón de euros que salen del bolsillo de los vecinos por incumplimiento del contrato al mantener la planta cerrada

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de L’Eliana, José Manuel Ibáñez, ha denunciado hoy que los vecinos del municipio pagarán un 150% más por el coste del agua y hasta 3.800 euros por familia debido a las supuestas irregularidades que investiga la Audiencia Nacional en la planta de agua de l’Eliana relacionadas con el PSOE de la localidad y Acuamed.

Así lo ha expresado el PP local quien en relación al sobrecoste de la planta desnitrificadora de l’Eliana, presupuestada por menos de 5 millones de euros que acanó costando casi 17 millones mientras José María Ángel, ahora director general de Emergencias de Ximo Puig fue alcalde. «Estamos ante un escándalo nacional» ha señalado al tiempo que ha recordado que no solo estaba en el gobierno local el responsable de Emergencias de la Generalitat sino senadora electa del PSOE y vicepresidenta de la Diputación, Mercedes Berenguer que antes ocupaba el cargo de concejala de urbanismo.

El portavoz ha recordado que la obra se finalizó en 2011, y desde entonces el alcalde no la abrió por motivos electorales, y ahora la Audiencia Nacional investiga la construcción de la planta en la macrocausa de Acuamed «mientras Puig sigue callado» a pesar de tener a su cargo de confianza en Presidencia «bajo sospecha».

Así mismo, ha denunciado que el Ayuntamiento ha tenido que pagar ya hasta un millón de euros por el incumplimiento del contrato con la empresa gestora del agua al mantener la planta cerrada ya que el Síndic de Greuges condenó al Ayuntamiento, entonces gobernado por José María Ángel, al pago de hasta 150.000 euros anuales (dede 2011), por los perjuicios generados.

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