El grupo socialista recuerda que los hechos narrados se remontan al año 2005 cuando el consistorio se interesó por unos terrenos ubicados en el Barranc de los Monges para la construcción de un anfiteatro en el interior del mismo para el que acordó con la familia una futura permuta urbana en una zona indeterminada del término municipal.
Sin embargo, la operación nunca llegó a materializarse y el ayuntamiento decidió iniciar la primera fase del proyecto consistente en el acondicionamiento de los terrenos y la construcción de un puente colgante. Esta primera fase se ejecutó con un presupuesto de 1’5 millones de euros aunque estaba pendiente de una segunda fase con la construcción del citado auditorio que, a día de hoy, todavía no se ha materializado.
La familia propietaria de los terrenos denunció los hechos en el año 2012 al no haber recibido ni el dinero prometido ni tampoco una permuta de terrenos. El ayuntamiento ofrece, ahora, 70.000 euros por unos terrenos que según la familia tienen una extensión de 3.600 metros que el consistorio reduce a 2.100 metros cuadrados. La falta de un acuerdo obligará a ambas partes a acudir a un tribunal de arbitraje que se encargará de fijar el precio final en el que están valorados los citados terrenos.
Los propietarios aportan en sus escritos presentados en el Ayuntamientos de Riba-roja estudios e informes elaborados por topógrafos y arquitectos donde constan la superficie afectada y el valor económico actual de mercado de la misma.
El portavoz socialista de Riba-roja, Robert Raga, afirma que esta denuncia «evidencia la forma personalista del alcalde de gestionar el urbanismo en Riba-roja donde no se dedicó a desarrollar lo establecido en el plan general sino que centró todos sus esfuerzos en apoyar y auspiciar auténtico pelotazos como el de Porchinos que después se ha comprobado que, desgraciadamente, ha sido una estafa de la que no se llegaron a crear los 4.000 puestos de trabajo prometidos por el alcalde y unas instalaciones deportivas del Valencia; ahora los propietarios de los terrenos se han dado cuenta del carácter demagógico del alcalde y sus falsas promesas que le cuestan millones de euros al erario público que pagaremos entre todos».
Según Raga, a día de hoy «ni hay acuerdo entre ambas partes ni tampoco tenemos el proyecto prometido por Tarazona, se trata de un espacio que la gente utilizada para llevar a sus animales a realizar sus necesidades que nos ha costado la friolera de 1’5 millones de euros».
Además, el consistorio se enfrenta a otro problema ya que otro propietario de la zona del Calvario reclama otros 816.000 euros al ayuntamiento porque en el año 1996 cedió unos terrenos de su propiedad para construir dos depósitos de agua potable y actualmente todavía no ha recibido ni dinero en metálico ni una permuta de terrenos. El ayuntamiento ofrece al propietario como contraprestación 35.000 euros y reduce la extensión de los terrenos de 2.000 metros que asegura el vecino a 1.5000 metros cuadrados. A falta de acuerdo, un tribunal de arbitraje fijará el precio de la parcela.
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