El PSPV afirma que el PP de Riba-roja se niega a llevar a la fiscalía el vertido ilegal de 400.000 toneladas de basura en Basseta Blanca

El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que el Partido Popular se negó en el pleno celebrado ayer miércoles a llevar a la Fiscalía de Medio Ambiente las posibles responsabilidades penales por parte de las administraciones públicas derivadas del vertido ilegal de más de 400.000 toneladas en el vertedero de Basseta Blanca, ocurrido entre los años 1993 y 1996.

El grupo socialista ha censurado la actitud mantenida ayer en la sesión plenaria por parte del equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Francisco Tarazona, del Partido Popular, y la candidata a la alcaldía, María José Ruiz, al demostrar «una arrogancia y un desprecio absoluto a una de las cuestiones pendientes desde su entrada en el gobierno en el año 1995 ya que ni han obligado a la conselleria a restaurar el vertedero de Basseta Blanca ni han asumido ningún tipo de responsabilidad».

El Partido Popular rechazó, finalmente, la moción presentada por el grupo socialista de Riba-roja en la que se exigía compensaciones económicas a la conselleria de Medio Ambiente por valor de 30 millones de euros por el vertido ilegal de más de 400.000 toneladas de basuras por parte de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) entre los años 1993 y 1996 y cuyas consecuencias a día de hoy son la fuga de lixiviados y su posterior impacto en los acuíferos.

Por contra, el PP presentó una moción alternativa a la elaborada por el PSPV pero en la que ni se responsabilizaba del vertido ilegal de las basura durante el citado periodo de tiempo ni tampoco se comprometía a trasladar toda la documentación existente sobre este tema a la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia valenciano para que dirimiera las posibles consecuencias jurídicas sobre los mismos.

El portavoz municipal del PSPV, Robert Raga, ha afirmado que el equipo de gobierno del PP «ha perdido una gran ocasión para demostrar que antepone el interés general sobre el beneficio partidista y el rédito electoral ya que no han querido molestar a los responsables de la Generalitat que en su momento con su silencio y beneplácito fueron cómplices del mayor atropello ambiental que hemos sufrido en Riba-roja con un vertedero que ha tenido consecuencias catastróficas para nuestro bienestar».

El grupo socialista recuerda que un decreto de alcaldía del PSPV dictado en 1993 clausuraba este vertedero al considerar que su capacidad estaba completamente colmatada y la licencia de actividad había caducado. Sin embargo, una sentencia de 1994 del Tribunal Superior de Justicia suspendía la ejecución del cierre a la espera de más informes sobre los perjuicios ambientales. Una nueva sentencia del año 1996 revocaba el fallo anterior y ratificaba el cierre inicial contenido en el decreto de alcaldía.

El recurso interpuesto por el EMTRE en casación ante el Tribunal Supremo suponía un nuevo varapalo jurídico para esta entidad en el año 2002 ya que la sentencia establecía, nuevamente, la legalidad del decreto del entonces alcalde socialista y ratificaba el cierre de la planta de vertidos. Un informe municipal fijaba en 130.536 las toneladas de capacidad máxima del vertedero mientras que el ritmo de vertidos anual era de 92.753 toneladas, por tanto, la capacidad estaba rebasada con creces.

El grupo socialista de Riba-roja concluye que desde el año 2002, fecha en la que el Supremo falla a favor del decreto de clausura municipal del año 1993, hasta la actualidad ni se han retirado los residuos sólidos ni tampoco se ha restaurado la zona y, por tanto, continúa el impacto de lixiviados, especialmente visible por la carretera de acceso al mismo al forma una pequeña escorrentía y su posible llegada a algunos acuíferos de la zona.

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