El PSPV asegura que el pleno de Riba-roja ha retirado la gestión de un PAI a una empresa por una deuda con el Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado retirar la condición de agente urbanizador a la empresa que en el año 2003 recibió el encargo para llevar a cabo las obras de urbanización en la Unidad de Ejecución Vella 6 después de que la citada mercantil haya incumplido los plazos previstos para finalizarlas y, además, haya entrado en concurso de acreedores. La citada mercantil adeuda 63.467 euros al ayuntamiento en concepto de obras no ejecutadas, perjuicios al consistorio y la liquidación final.

El portavoz municipal del PSPV, Robert Raga, recuerda que la mercantil que en su momento ganó el concurso de adjudicación «ha incumplido sistemáticamente las obras a lo largo de los últimos años sin que desde el ayuntamiento ni el alcalde, Francisco Tarazona, ni la concejala de urbanizaciones y candidata del PP, María José Ruiz, ambos del PP, hayan urgido a la empresa para que las acelerara y hayan esperado a su entrada en el concurso de acreedores a mover todo el expediente administrativo».

Precisamente, un informe técnico municipal firmado en el año 2011 alertaba del enorme retraso que las obras de este programa urbanístico sufría por los incumplimientos reiterados por parte de la empresa constructora en el que además se unía la crisis económica, las enormes cargas sobre los vecinos propietarios de las parcelas afectadas y la entrada de la propia mercantil hasta concluir con su concurso de acreedores.

El pleno municipal de Riba-roja acordó ejecutar un aval que en su momento ingresó la mercantil por un valor de 98.684 euros que les sirva para concluir las obras pendientes de ejecución, valoradas en otros 96.000 euros. Hasta el momento se han ejecutado obras por valor de 448.000 euros mientras que los perjuicios y daños ocasionados por la empresa al ayuntamiento se han cifrado en otros 40.844 euros. Una empresa externa evaluará, además, el valor exacto de las obras pendientes y los perjuicios por si la suma de ambos es superior al aval bancario.
Raga ha cuestionado la labor de vigilancia y supervisión del alcalde y de la concejala de urbanizaciones ya que «no han hecho nada a pesar de disponer de un informe encima de su mesa fechado en el año 2011 en el que ya se advertían de los incumplimientos pero no hicieron caso a la labor de los técnicos municipales y esperan a última hora, en el último pleno ordinario de la legislatura, para aprobar su resolución y de esta forma evitar posibles responsabilidades políticas, administrativas y penales derivadas de su deficiente actuación».

El portavoz socialista ha concluido que la empresa, además, donó 150.000 euros al ayuntamiento como contraprestación a la adjudicación que se destinaron, finalmente, a diversas obras y mejoras en la localidad «en lugar de invertirlo en las mejoras y demandas que los vecinos de València la Vella 6 venían exigiendo como unos accesos decentes y más dotaciones públicas, aunque ello no ha sido óbice para que el ayuntamiento haya concedido licencias de construcción antes de terminar las obras de urbanización del programa urbanístico».

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