El PSPV de Llíria ha denunciado que un informe del interventor municipal del ayuntamiento edetano ha frenado la voluntad del equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Manuel Izquierdo, del Partido Popular, para destinar 15.246 euros de las arcas públicas al proyecto y la dirección técnica de las obras de rehabilitación de la fachada de la iglesia de la Assumpció. El equipo de gobierno retiró el pago de la factura del orden del día en el pleno celebrado la semana pasada ante la contundencia y claridad del técnico.
El informe del técnico municipal es demoledor sobre el procedimiento «personalista» del alcalde a la hora de comprometer al Ayuntamiento de Llíria al pago de los citados 15.246 euros al considerar que no existe crédito suficiente y apropiado en el presupuesto y, por tanto, es nulo de pleno derecho además de que no se ha aportado el correspondiente expediente administrativo y alerta de «las posibles responsabilidades a que haya lugar» derivadas de esta actuación.
El PSPV recuerda que los hechos objeto del reparo del interventor se remontan al año 2001 cuando el mismo arquitecto que ahora ha presentado la factura de 15.246 euros redactó el proyecto técnico de la fachada de la iglesia aunque, según precisa el informe, la licencia urbanística sólo habilitaba para las obras de «limpieza y aseguramiento de las zonas que presentaban un peligro puntual», lejos de una intervención en la restauración y afección de la fachada.
Los técnicos municipales constatan «el valor histórico, artístico, patrimonial y cultural del inmueble» aunque advierten de que la iglesia «no es de propiedad municipal sino de un tercero, lo que descartaría la posibilidad de que el ayuntamiento asumiera de forma directa, sin más, cualquier gasto con cargo a su erario público, que es obligación de ser soportado por el titular del inmueble», ya que ni se han realizado los preceptivos trámites legales ni existe el correspondiente expediente administrativo.
Para salvar los posibles obstáculos legales, el alcalde presenta un escrito en el colegio de Arquitectos de Valencia para adquirir todas las obligaciones, compromisos y garantías que, previamente, tenía el titular del inmueble, la iglesia arciprestal «Nuestra Señora de la Asunción», lo que en la práctica supone una subrogación. Además, otro escrito del munícipe del PP desprende que el consistorio pasa a ser también el solicitante de la licencia de obras para llevar a cabo las obras de reforma integral de la fachada y, por tanto, subroga el coste de las obras valoradas en 200.000 euros en total.
Pese a ello, el alcalde encarga otros dos informes técnicos, uno de actualización del proyecto redactado en 2001 valorado en 21.780 euros y otro de 8.712 sobre aspectos técnicos de ejecución de las obras, aunque también sin seguir la normativa en materia de contratación pública ni en materia de haciendas locales ya que carecían de crédito para el presupuesto de 2014, según corroboran los mismos funcionarios.
El informe técnico apunta, con absoluta claridad, la fórmula que debería haber seguido el consistorio para afrontar el citado pago: la concesión de una subvención nominativa incluyéndola en el presupuesto vía modificación de competencia plenaria. Y, posteriormente, suscribiendo el convenio de colaboración, como se había hecho en otras ocasiones, como fue el caso en su día de las obras de rehabilitación del tejado del Monasterio de Sant Miquel.
El candidato socialista a la alcaldía, Manuel Civera, asegura que la iglesia de la Asunción «constituye un conjunto arquitectónico de gran importancia para todos los vecinos de Llíria como patrimonio local muy querido por todos y por ello es necesaria su restauración pero siguiendo la normativa legal prevista por la administración y ni el alcalde ni el resto del equipo de gobierno del PP se pueden saltar a la torera ese procedimiento; por este motivo, se debe rectificar a tiempo y seguir las indicaciones de los técnicos al respecto ya que parece mentira que después de 12 años de mandato desconozcan todavía cuáles son los parámetros correctos para tramitar este tipo de actos».
Civera ha defendido la obligación ética y legal de las administraciones públicas en su gestión diaria «como máximas garantes de la convivencia en nuestros municipios y, por ello, deben ser las que constituyan un ejemplo para el resto de ciudadanos a la hora de cumplir el régimen jurídico establecido; no es concebible que en nuestro tiempo haya políticos que piensan que un ayuntamiento es propiedad suya y pueden hacer lo que quieran».
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