El PSPV de Ribarroja denuncia la elevada extracción de material por parte de las canteras ubicadas en el término

El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que las cuatro canteras ubicadas en el término municipal han extraído hasta un total de 62’3 millones de metros cúbicos de tierra y piedras a lo largo de los últimos 25 años, una superficie equivalente a 63 estadios de fútbol de primera división como el Camp Nou o el Santiago Bernabéu. Las canteras están ubicadas en un radio de 3 kilómetros, cerca de urbanizaciones, viviendas diseminadas, junto al casco urbano y adyacentes al cementerio municipal.

El grupo socialista de Riba-roja ha desvelado que una de las empresas extractoras -denominada Corporación F. Túria Carassols- está vinculada a la familia del ex presidente de les Corts Valencianes Juan Cotino, con más de 410.000 metros cuadrados de extensión, una altura media de excavación de más de 70 metros -incluso hace años llegó al nivel freático hasta alcanzar un acuífero de agua- y un volumen de facturación de más de 23’5 millones de euros anuales.

El estudio de ingeniería encargado por el PSPV de Riba-roja establece que los 62’3 millones de metros cúbicos extraídos a lo largo de todo el periodo tienen un precio aproximado en el mercado que supera los 1.247 millones de euros, a razón de 20 euros el metro cúbico. La facturación anual de las cuatro empresas extractoras supera los 51’1 millones de euros mientras que su aportación a las arcas municipales se reduce a 30.000 euros al año. Los 1.247 millones de euros facturados a lo largo de los 25 años se contraponen a los 3 millones totales aportados al ayuntamiento durante el mismo periodo.

Las licencias municipales de las cuatro canteras caducaron entre los años 2012 y 2013 -una de ellas se cerró tras una denuncia de una asociación vecinal- pero se renovaron hasta este año. Por ello, el PSPV de Riba-roja solicita la puesta en marcha de un plan de reforestación de los parajes afectados por las canteras extractoras cuyo coste económico debería correr a cargo de las propias mercantiles. Además, es necesario un nuevo convenio con las empresas para que durante la próxima legislatura se aplique una moratoria que permita cerrarlas de forma progresiva, con unas contraprestaciones al ayuntamiento de 30.000 euros anuales y un porcentaje fijado por tonelada extraída.

El portavoz municipal y candidato socialista, Robert Raga, ha subrayado la necesidad de que el plan de reforestación «sea financiado por las propias empresas a través de un plan específico de empleo en un municipio lastrado por el paro ya que a lo largo de los más de 25 años de actividad se ha producido un enorme daño ambiental y ecológico sin olvidar que en una de ellas se han destruido una trincheras de la guerra civil sin ningún tipo de límite; durante años han llevado a cabo la extracción molestando a los vecinos y destruyendo nuestro patrimonio local».

El PSPV aboga por obligar a las mercantiles a financiar la construcción de la carretera alternativa necesaria para los vecinos de la urbanización la Llobatera que durante años han aguantado el paso de camiones, la suciedad y el polvo generado por la actividad de las canteras «por culpa de un alcalde y un equipo de gobierno que les ha ignorado de forma repetitiva y arrogante».

El grupo socialista recuerda que estas canteras «son las más cercanas a la ciudad de Valencia», un aspecto que ha permitido abastecer de tierra y piedra para la construcción de edificios y monumentos «como la ampliación del puerto de Valencia, el by-pass, el America’s Cup y otros proyectos valencianos a cambio de nada, el Partido Popular ha permitido el expolio de nuestro patrimonio incluso sin licencias, con convenios irrisorios y miserables».

Por todo esto, el portavoz y candidato socialista insiste en la urgencia de actuar «para evitar un mayor deterioro de nuestro enorme patrimonio natural y ecológico, con un plan de regeneración pagado por las empresas que nos permita reducir la tasa de paro y un nuevo convenio con mayores contraprestaciones económicas antes de su cierre en un periodo máximo cuatro años como moratoria».

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