El PSPV denuncia al alcalde de Benaguasil en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la tramitación de un PAI

El PSPV de Benaguasil ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Valencia contra el alcalde de la localidad, José Joaquín Segarra, del Partido Popular, para que investigue un presunto delito de tráfico de influencias en la tramitación y aprobación del PAI Molí Nou del municipio que incluía la construcción de dos campos de golf y 4.400 viviendas.

La denuncia del grupo socialista constata diversas irregularidades en el proceso de tramitación de este PAI aprobado en enero de 2006 y que supuso la recalificación de 2’6 millones de metros cuadrados de huerta protegida en urbana, un 30% sobre el total del suelo reclasificado por el Partido Popular en el plan general que a día de hoy todavía no ha entrado en vigor a expensas del visto bueno de la Generalitat.

El PSPV considera que existe una relación directa entre la masiva compra de terrenos ubicados en el perímetro del futuro PAI Molí Nou a lo largo del año 2005 a pesar de que éste todavía no se había aprobado ni tan siquiera se había presentado y el posterior visto bueno por parte del Ayuntamiento de Benaguasil. La compra de los terrenos se pagaba a un precio de 12.000 euros la anegada, una cantidad muy superior a la del mercado existente en aquel momento.

La empresa compradora de las parcelas era Celsius Tech, una sociedad que adquirió alrededor de 150 parcelas con préstamos hipotecarios del antiguo Banco de Valencia y cuyo responsable principal figura como imputado por corrupción y falsedad documental. Esta empresa se constituyó con sólo 3.006 euros de capital social aunque ello no era óbice, inexplicablemente, para obtener numerosos créditos ofreciendo como aval terrenos rústicos con un escaso valor económico.
Esta empresa está dirigida actualmente por consejeros de las mercantiles que más tarde formaron la sociedad Benaguasil Urbana, precisamente la que resultó adjudicataria del PAI Molí Nou. Por tanto, el PSPV considera que existe un presunto tráfico de influencias ya que «a pesar de no haber proyecto alguno sobre este suelo de forma oficial hacía tiempo que personas ajenas a la actividad agrícola y con parentesco próximo a concejales del equipo de gobierno estaban adquiriendo parcelas por valor superior al de la huerta».

Sin embargo, la empresa que finalmente presentó el proyecto del PAI Molí Nou, Benaguasil Urbana, no adquirió ninguna parcela y se creó con un capital de sólo 324.000 euros para un programa urbanístico superior a los 20 millones de euros aunque ello no fue problema para realizar un generoso donativo de 249.307 euros para pagar «actos socioculturales y festivos». Además, entregó otros 3’5 millones en el año 2007 por la aprobación del PAI a expensas de su puesta en marcha y que ahora, 8 años más tarde, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo para recuperarlos. Todo ello fue gracias a pesar de contar con un capital social tan exiguo.

La denuncia en la Fiscalía Provincial incide en que sólo desde la obtención de la información privilegiada se pudo acometer la compra de terrenos para su posterior recalificación ya que en el concierto previo del plan general esta modificación no estaba incluida y, además, se aprobó dos días antes de la entrada en vigor de la ley urbana valenciana (LUV) que resultaba más restrictiva y dura sobre las intenciones de los promotores del PAI. «Todo ello no sería posible sin la vinculación del alcalde José Joaquín Segarra en una presumible trama corrupta y especulativa sobre el urbanismo en Benaguasil», afirma el texto.

Cabe recordar que la mercantil promotora del PAI está participada, principalmente, por Lubasa, vinculada a diversos casos de corrupción en la trama valenciana del caso Gürtel y que, actualmente, ha presentado una reclamación para recuperar los 3’5 millones de euros del programa urbanístico a la vista de que éste está paralizado, sin olvidar que las hipotecas bancarias a su nombre están actualmente a favor del denominado «banco malo», lo que en opinión del PSPV de Benaguasil «supone que al final somos todos los ciudadanos los que pagaremos esta operación claramente especulativa, opaca y corrupta».

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