El PSPV-PSOE del Camp de Túria afirma que la Cooperativa San Antonio de Ribarroja adeuda 3’1 millones de euros

Instalaciones a las que se refieren los socialistas. tc.c

Instalaciones a las que se refieren los socialistas. tc.c
Según la Ejecutiva Comarcal del PSPV-PSOE del Camp de Túria, la Cooperativa Agrícola San Antonio de Riba-roja de Túria adeuda alrededor de 3’1 millones de euros a una entidad bancaria, a los socios-cooperativistas, a los antiguos empleados afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), a Hacienda y a diversos proveedores que supondrán en breve su cierre definitivo ante la imposibilidad de saldar esta cantidad de dinero.

Los débitos, según explican los socialistas, se desglosan en 2 millones de euros pendientes a una entidad bancaria a través de un préstamo hipotecario que en su momento se solicitó para la construcción de la actual nave industrial, para el edificio ubicado en la calle Mayor y para la gasolinera que da servicio a los socios de la cooperativa y a los conductores de la localidad. El préstamo hipotecario, que vence dentro de 9 años, se liquida cada mes a razón de 8.700 euros.

El portavoz del PSPV, Robert Raga, ha criticado que el alcalde «ha sido un cómplice necesario en la deriva que durante los últimos tiempos ha vivido la cooperativa ya que sabía su situación desde el año 2012 y no realizó ninguna gestión al respecto a pesar de estar en juego el futuro de los 46 trabajadores que finalmente han resultado perjudicados por el ERE y los más de 300 cooperativistas de nuestro municipio que allí comercializaban sus cosechas».

La deuda con los socios se sitúa en 639.000 euros correspondientes a las liquidaciones de la producción de la campaña de 2011-2012, a la devolución de las aportaciones de los socios dados de baja antes de 2012 y a todos aquellos que dejarán de pertenecer a la cooperativa cuando ésta se liquide definitivamente. Además, se computan también las aportaciones a largo plazo de los cooperativistas.

Los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) deberán cobrar alrededor de 228.000 en materia de sueldos y atrasos como consecuencia de la liquidación de la empresa mientras que la Agencia Tributaria reclama otra deuda económica de 52.000 euros por atrasos en el cobro de impuestos. Por último, diferentes proveedores solicitan el pago de alrededor de 296.000 euros.

Por ello, el PSPV ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular «una implicación firme y decidida para defender los intereses de los trabajadores despedidos que los están pasando muy mal de forma que el ayuntamiento compre sus actuales instalaciones para evitar que los especuladores sin escrúpulos se hagan con ellas a un precio de saldo después de más de 60 años de historia de una de las empresas más pujantes de los últimos tiempos y un apoyo a los socios que han perdido sus aportaciones económicas».

Raga añade que el ayuntamiento «se debe erigir en el intermediario del proceso de pago de la deuda ya que está en juego el futuro de muchas familias y el patrimonio de la cooperativa para que a medio plazo las diversas instalaciones se puedan destinar para constituir nuevamente una actividad centrada en la agricultura ecológica que genere empleo y riqueza entre nuestros vecinos».

El PSPV propone destinar las actuales naves de la cooperativa -de 6.000 metros cuadrados de extensión- a diversas actividades. Una parte dedicada a la creación de una cooperativa para la comercialización de productos ecológicos en la que se podrían recolocar a los afectados por el ERE y otra línea destinada a la agricultura tradicional que se ha vivido siempre en Riba-roja. Además, el resto de la nave podrían albergar unas instalaciones para el trabajo de la policía local y protección civil, además de un almacén y diferentes servicios municipales.

En cuanto a la gasolinera, la propuesta del PSPV pasa por venderla a un buen precio de mercado ya que genera actualmente beneficios siempre que se garanticen los actuales puestos de trabajo. Por último, el edificio de la calle Mayor, de 1.000 metros cuadrados de extensión, constituiría un punto estratégico para albergar diferentes programas de empleo y formación.

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