Los regantes de Riba-roja reclaman el pago de los terrenos que ocupó el Ayuntamiento hace 16 años

La Comunidad de Regantes Lorca y Quint de Riba-roja ha presentado una instancia en el registro de entrada del ayuntamiento en la que reclama al consistorio el pago por la ocupación de los terrenos sobre los que la administración local construyó dos pozos de agua potable con una capacidad de más de 3.000 metros cúbicos para abastecer a las urbanizaciones del margen izquierdo del río Túria -alrededor de 2.000 chalés- de esta localidad entre los años 1998 y 1999.

El Ayuntamiento de Riba-roja solicitó en aquella época -encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP- la cesión de estas parcelas de 1.012 metros cuadrados de extensión a expensas de llegar a un acuerdo compensatorio entre ambas partes, o bien con la permuta por otros terrenos o con la compra directa de los mismos tras llegar a un acuerdo tácito. Sin embargo, la entente entre el ayuntamiento y la comunidad de los regantes no llegó nunca a buen puerto.

Por todo ello, los regantes de Riba-roja han presentado una instancia en el consistorio donde reclaman una resolución final a este episodio ya que al no estar a día de hoy escrituradas las parcelas, los impuestos y tasas corren a cargo de la comunidad de regantes sin que hasta el momento el ayuntamiento haya sufragado cantidad económica alguna al respecto.

El actual gobierno municipal -formado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida- está estudiando una solución final para resolver un conflicto urbanístico fruto de la deficiente gestión que en su momento llevó a cabo el anterior gobierno del Partido Popular de Riba-roja de Túria.

Las reclamaciones de los regantes de Riba-roja se unen a otras peticiones realizadas en las últimas semanas por otros afectados de la política urbanística del anterior gobierno del Partido Popular durante las pasadas legislaturas y que pueden desembocar en la obligación de abonar millonarias indemnizaciones económicas por la ocupación de terrenos.

Entre estos problemas cabe destacar el PAI del Calvari de Riba-roja que se remonta a los años 1997-1998 que permitió ocupar unos terrenos privados para construir el actual campo de fútbol a cambio de entregar a cada uno de los propietarios unas parcelas en la futura zona del Calvari. Sin embargo, hasta ahora no se ha entregado las parcelas ni tampoco se les ha abonado ninguna indemnización por unas propiedades valorados en 3 millones de euros en total.

Otro de los conflictos urbanísticos que afectan actualmente al ayuntamiento se centra en el conocido proyecto del Barranc de les Monges, consistente en la construcción de un anfiteatro en esta área del casco urbano para la que se acordó con sus propietarios su ocupación en el año 2005 a cambio de una futura permuta en terrenos ubicados en otra área del término municipal, aún sin determinar. Sin embargo, a día de hoy el proyecto urbanístico no ha cristalizado -sólo se usa como pipican para perros- y sus dueños esperan la contrapartida prometida por la administración local. Por ello, exigen una indemnización de casi 2’2 millones de euros por el uso de los terrenos durante un periodo total de 8 años.

El último problema urbanístico al que se debe enfrentar el Ayuntamiento de Riba-roja es el conocido del parque Montealcedo, una zona verde que se realizó a cambio de unas parcelas municipales que todavía no se han entregado. Por ello, los afectados por este retraso han conseguido una sentencia favorable de la Junta Provincial de Expropiación que obliga al consistorio a abonar alrededor de 1’7 millones de euros a los propietarios de la citada área.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que estas peticiones de particulares y sociedades privadas «pueden suponer a corto plazo una merma importante para las arcas municipales lastradas por la mala gestión urbanística del anterior gobierno del Partido Popular que se dedicó durante mucho tiempo a ocupar terrenos y llevar adelante proyectos sin tener en cuenta las consecuencias que podrían suponer para la administración local, con indemnizaciones millonarias y un futuro preocupante para la gestión de los recursos municipales».

El munícipe ha anunciado que el actual equipo de gobierno «actuará con absoluto rigor y compromiso con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos de acuerdo a los informes y a la legalidad vigente en estos momentos» y ha lamentado que en las anteriores legislaturas «el consistorio no actuase con una mayor seriedad y ahora nos vemos abocados a afrontar un futuro oscuro por esas deficiencias, que se traducirán en notables pagos económicos y pérdida del patrimonio local».

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