La comarca de Los Serranos recibirá un total de 412.582 euros en concepto del nuevo Modelo de Servicios Sociales de la Diputación de Valencia, el cual fue presentado la semana pasada por parte de la Corporación provincial. Esta cantidad supone el incremento del 97% de la aportación de la Diputación en la comarca durante el período comprendido entre 2015 y 2017.
La inversión total a través de este plan de atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia social básica.El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron ante decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución provincial.
En el caso de Los Serranos supone una inyección de 15.116 euros para los vecinos y vecinas de Alpuente, cifra especialmente significativa ya que se trata de un incremento de más del 800%, que los situará en los niveles del resto de municipios. Además, la corporación destina 16.414 euros para el municipio de Domeño y 107.007 euros para Villar del Arzobispo. En el caso de las mancomunidades, la inversión es de 105.214 euros para Alto Túria y 168.831 para La Serranía.
Por programas, los 15.116 euros destinados a Alpuente se dividirán en 13.616 para el refuerzo del equipo técnico y 1.500 euros para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social. En cuanto a la cantidad de 16.414 euros que le corresponden a Domeño, la distribución será de 8.623 euros para el refuerzo del equipo técnico, 750 euros para prestaciones individualizadas, 500 euros para casos de pobreza energética, 5.250 euros para el programa de ayuda a domicilio, 291 euros para los llamados clubes de convivencia y 1.000 euros para actuaciones. Por su parte, Villar del Arzobispo contará con 107.007 euros, de los cuales se dedicarán 40.848 euros al refuerzo del equipo profesional, 500 euros para el centro social, 12.750 euros en prestaciones económicas individualizadas, 5.249 euros para acabar con el empobrecimiento energético, 31.260 euros en el programa de ayuda a domicilio, 900 euros para clubes de convivencia, 500 euros para cooperación social y 2.000 euros para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social.
En cuanto a las dos mancomunidades, la de Alto Turia contará con 105.214 euros que serán distribuidos de la siguiente manera: 58.964 para el equipo social base, 500 para información y asesoramiento, 3.750 para prestaciones económicas individualizadas, 2.000 para atajar el empobrecimiento energético, 30.000 para el programa de ayuda a domicilio y 10.000 para intervención para la prevención e inserción social.
Por último, los 168.831 euros otorgados a la mancomunidad de La Serranía se distribuirán entre el reforzamiento del equipo técnico (72.964), prestaciones económicas individualizadas (9.000), la lucha contra la pobreza energética (4.471), el servicio de ayuda a domicilio (68.796), los clubes de convivencia (6.600) y las actuaciones de intervención para la prevención e inserción social (7.000).
Las cifras evidencian la apuesta de la Corporación que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de la aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en los municipios y se han habilitado nuevas líneas para el mantenimiento de colegios, con 7 millones de euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.
En palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, “hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un modelo de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesionales de atención en los Servicios Sociales Municipales, que ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.
El aumento de los equipos sociales de las mancomunidades y ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la financiación del refuerzo administrativo municipal en asistencia social, y se ha apoyado la movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.
Para el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras demuestran que “desde el primer minuto de la legislatura decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar los servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más vulnerables”.
En cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha destacado que “lo realmente importante es prevenir esas situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los parámetros de objetividad e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna persona se quede en el camino”.
Líneas de actuación
Los 9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores en riesgo de exclusión, el fomento del asociacionismo y el voluntariado o la prevención de la exclusión social y sus causas.
También se presta atención a las estructuras técnicas de los ayuntamientos y los ratios de atención de los profesionales, teniendo en cuenta las crecientes competencias que asumen los municipios en materia social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar mejor los recursos disponibles; y la contribución a las iniciativas de revitalización del medio rural, pasando del asistencialismo al desarrollo comunitario y la participación social.
La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que el objetivo es “consolidar una red básica de protección social, avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que supere el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social, para que nadie quede excluido de una vida digna”.
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