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Riba-roja denuncia que el PP adjudicó 60.000 metros de terrenos en Porxinos por 5’5 millones que el Valencia vendió luego por 16

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Las escrituras de compraventa que obran en poder ya de todas las formaciones políticas, gobierno y oposición.

Las escrituras de compraventa que obran en poder ya de todas las formaciones políticas, gobierno y oposición.

La adjudicación se realizó sin concurso público a un precio menor al mercado

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha denunciado que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, bajo la alcaldía de Francisco Tarazona, permitió un “pelotazo” urbanístico de casi 11 millones de euros por parte de la empresa Litoral del Este, promovida por el Valencia, en el denominado PAI de Porxinos gracias a la venta del excedente de aprovechamiento de propiedad municipal.

La comisión de investigación impulsada por el actual equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se ha reunido esta mañana y en ella se ha repartido a los partidos que la componen una copia de las escrituras de compra venta de los excedentes de aprovechamiento urbanístico y además se han entregado los documentos que atestiguan que al mismo tiempo que la empresa Litoral del Este negociaba con el Ayuntamiento de Riba-roja habían iniciado conversaciones con el consistorio de Nàquera a través de la sociedad Newcoval.

Las escrituras de compraventa que obran en poder ya de todas las formaciones políticas, gobierno y oposición, certifican que en el año 2005 la empresa creada por el Valencia, Litoral del Este, adquirió los cerca de 60.000 metros cuadrados de terrenos procedentes del excedente de aprovechamiento por un total de 5’5 millones de euros y un año más tarde esta empresa, a su vez, los volvió a vender por alrededor de 16 millones.

La venta del excedente se realizó sin ningún tipo de concurso público que podría haber dado opción a una mayor concurrencia de empresas para su adquisición al tiempo que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria podría haber obtenido una mayor cantidad económica en la venta. Por tanto, la venta entre ambas partes, ayuntamiento y empresa, se llevó a cabo directamente sin mediar ningún procedimiento público a un precio menor al mercado y, de esta forma, se permitió a la citada mercantil obtener pingües beneficios económicos a costa de los ciudadanos de la localidad.

La comisión Porxinos quedó constituida el pasado 22 de julio de 2015 con el propósito de investigar todas las cuestiones que rodean el denominada Programa de Actuación Integrada (PAI) en virtud del cual el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria firmó en el año 2005 un convenio con la empresa Litoral del Este para la creación de una ciudad deportiva, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas en este paraje de la localidad, situado en el suroeste del término municipal.

La sesión de la comisión de investigación también ha servido para conocer en profundidad la documentación que acredita las negociaciones entre el Ayuntamiento de Náquera y los miembros de la mercantil Newcoval, creada y vinculada por el Valencia para buscar terrenos en esta localidad del Camp de Túria donde establecer una ciudad deportiva y un área residencial al mismo tiempo que se dialogaba con el Ayuntamiento de Riba-roja con los mismos propósitos.

A los 11 millones de beneficio neto que obtuvo el Valencia con la venta del citado excedente de aprovechamiento desarrollado mediante un proceso plagado de presuntas irregularidades y deficiencias caben añadir las plusvalías económicas que obtuvo el Valencia con la venta de los terrenos de Porxinos, comprados en su momento por un montante de 29 millones de euros y vendidos más tarde por 166 millones, lo que supuso un “pelotazo” urbanístico reconocido por el ex presidente del Valencia Juan Soler con unos beneficios de 137 millones.

El ejecutivo local de Riba-roja ha recordado el PAI Mas de Baló como el precedente al escándalo de Porxinos, en el que el mismo Juan Soler obtuvo plusvalías de hasta 12 millones de euros al comprar por 5’8 millones de euros los 50.000 metros de excedentes de aprovechamiento de propiedad municipal sin ningún concurso público ni libre concurrencia para revenderla al poco tiempo por más de 17’5 millones, lo que supuso ganancias superiores a los 12 millones de euros.

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