El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una resolución en la que exige a la Generalitat Valenciana que actualice los avales económicos de las cuatro canteras que han operado en el término municipal durante los últimos 30 años con el objetivo de restaurar en un futuro los cerca de 1 millón de metros cuadrados de los que han extraído piedra y áridos. La moción fue presentada originalmente por Riba-roja Pot pero, anteriormente al pleno, fue pactada y mejorada con el equipo de gobierno.
La propuesta final ratificada por unanimidad por todos los grupos políticos del gobierno municipal -PSPV, Compromís y Esquerra Unida- y de la oposición -PP, Ciudadanos y Riba-roja Pot- tiene como finalidad principal una actualización de los avales bancarios que en su día las empresas propietarias de las canteras depositaron para llevar a cabo en un futuro los proyectos de limpieza y rehabilitación de las áreas afectadas.
Sin embargo, los avales bancarios asignados no cubren ni la cuarta parte del coste total que los más de 1 millón de metros cuadrados de terrenos ocupados por todas ellas necesitarían para su limpieza. Ello está motivado porque el valor de los avales se realizó hace más de treinta años y desde entonces no se ha efectuado actualización alguna sobre las operaciones que resultarían en la rehabilitación.
El texto de la moción aprobada incide en la «disminución del suelo fértil, la generación de ruido y polvo en suspensión, la contaminación de los acuíferos acompañada de de la pérdida de biodiversidad» como algunas de las consecuencias que la actividad de las canteras ha supuesto para el medio ambiente y el entorno natural de Riba-roja a lo largo del citado periodo de tiempo.
La resolución plenaria recuerda que una de las canteras se halla en situación de abandono desde hace tiempo ya que el aval que en su momento se depositó es absolutamente insuficiente para acometer las labores de rehabilitación de la mina como consecuencia de la falta de supervisión y cumplimiento del plan de labores que se encarga de su plena ejecución.
La ley 22/1973 de Minas establece que los proyectos de explotación e investigación aprobados para la ejecución de labores mineras «se desarrollarán mediante la presentación por el titular y aprobación por el órgano competente del citado plan con carácter anual». Cabe recordar que la explotación de los recursos mineros es competencia estatal mientras que corresponde a las autonomías la supervisión de los citados planes de labores mineros.
Por todo eso, la propuesta aprobada insta a la Dirección General de Industria y Energía -dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio- a solicitar a las propietarias de las canteras «la adecuación de las garantías de restauración con el fin de que sean suficientes para acometer los costes calculados en el anterior estudio de restauración».
Además, el ayuntamiento realizará un estudio para comprobar si la situación de avance y profundidad de las canteras coincide con los planes de labores y restauración presentados y aprobados en la conselleria, con una evaluación de los costes de restauración total de las mismas.
Algunos cálculos de ingeniería cifran en 62’3 millones de metros cúbicos la extracción de áridos durante los más de 25 años en los que han operado las cuatro canteras en Riba-roja de Túria, cuya facturación anual superaba, en su conjunto, los 50 millones de euros.
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