El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha denunciado que la empresa que construyó las dos pistas de pádel en el polideportivo municipal entre los años 2010 y 2011 está implicada en la trama que investiga actualmente un juzgado valenciano en el marco de la Operación Taula sobre el cobro de comisiones y «mordidas» en las obras contenidas en el plan de infraestructuras deportivas de la Diputación de Valencia.
La empresa Clásica Urbana S.L. es la firma que la Diputación de Valencia contrató para realizar las obras de construcción de las dos pistas de pádel en el polideportivo por un valor total de 62.546 euros, a través de tres certificaciones de 36.341 euros, 25.017 euros y, por último, 1.187 en total. No hay que olvidar que el alcalde de entonces, Francisco Tarazona, del PP, era a la sazón diputado provincial, delegado de Bomberos y hombre de confianza del ex presidente de la Diputación Alfonso Rus.
El gobierno de Riba-roja de Túria ha alertado de las sospechas que desde un principio «levantó el precio de estas instalaciones deportivas ya que, además, de su coste se generaron múltiples quejas de los usuarios ya que las pistas presentaban defectos y problemas, como un deficiente drenaje de las aguas pluviales que provocaba charcos y acumulaciones en algunas zonas, incluso se podían ver algunos agujeros en la pista de juego a pesar de que se trataba de una infraestructura de nueva construcción».
El precio de construcción de ambas pistas, cifrado en 62.546 euros en total, está fuera del mercado convencional ya que, según varias consultas en empresas especializadas del sector, no se deberían haber abonado más de 14.000 euros por cada una de ellas. Sin embargo, la Diputación las contrató por el doble de su precio y, además, las obras se entregaron sin la instalación de energía eléctrica que tuvo que asumir, posteriormente, el propio ayuntamiento para que pudiesen ser utilizadas por los usuarios y deportistas de la localidad.
El equipo de gobierno ha subrayado que la investigación iniciada por el consistorio en los últimos días tras el escándalo generado «busca disipar cualquier atisbo de presuntas irregularidades o sobrecostes en estas infraestructuras deportivas, de forma que si la justicia las confirma se puedan solicitar las responsabilidades políticas y legales a que hubiera lugar, tanto para el ex alcalde Francisco Tarazona, diputado de la máxima confianza de Alfonso Rus, y de la actual portavoz del PP, María José Ruiz, por formar parte del equipo de gobierno durante aquellos años».
El munícipe ha añadido que el objetivo principal con esta actuación «no puede ser otro que defender los intereses de los ciudadanos de Riba-roja en unas infraestructuras que costaron a precio de oro según han comentado muchas personas de este sector deportivo y, además, desde entonces han aparecido numerosos defectos y problemas para los usuarios de este recinto».
Las dos pistas de pádel no son las únicas obras incluidas en las ayudas que concedió el organismo provincial para infraestructuras deportivas. Además, se construyeron dos campos de fútbol de césped artificial, uno de ellos en la urbanización la Reva en el año 2011 con un coste de 224.000 euros -la diputación abonaba el 50 por ciento- mientras que el otro campo está situado en el estadio Roberto Gil en pleno casco urbano por un montante de 250.000 euros. Por último, se instalaron bombillas leds para ahorrar en el gasto eléctrico por un importe global de 1 millón de euros.
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