El PSPV de Vilamarxant ha criticado el aumento del 103% en el coste económico que supone para el ayuntamiento de la localidad la recaudación de los tributos y las tasas municipales a cargo de la Diputación de Valencia durante los últimos tres años. En el citado periodo, el gasto de este servicio ha pasado de los 65.173 euros del año 2010 a los 132.582 del ejercicio de 2013.
La Diputación de Valencia se encarga de recaudar los impuestos y las tasas de los vecinos de Vilamarxant por los que cobra anualmente un canon económico del ayuntamiento en función del volumen recaudado. Sin embargo, en los últimos tres años y sin motivo aparente, se ha incrementado notablemente el desembolso por parte del consistorio. Así, el ejercicio de 2010 ascendió a 65.173 euros, otros 68.380 del año 2011, el siguiente año 2012 aumentó hasta los 94.988 euros -un 38% entre ambas anualidades- y se situó en 132.582 euros en el ejercicio del pasado año 2013. A dichos importes hay que añadir el coste que suponen los dos trabajadores de la plantilla municipal al servicio de la recaudación municipal gestionado por la Diputación de Valencia.
El portavoz del PSPV, Jesús Montesinos, ha denunciado, además, que este aumento en el coste del servicio de recaudación ha marchado paralelo al dinero pendiente de cobrar en concepto de impuestos y tasas, especialmente por el aumento de la presión fiscal que el ejecutivo local que encabeza el alcalde, Vicente Betoret, del Partido Popular, ha aprobado «a lo largo de sus años de mandato».
El 1’1 millón de euros que las arcas municipales tenían pendiente de cobro del año 2010 ha pasado a los 2’5 millones del pasado ejercicio 2013, es decir, un aumento de hasta el 125%. Especialmente grave es el periodo que transcurrió entre los años 2011 y 2012 cuando los 1’6 millones de euros pendientes de cobro se convirtieron en 2’2 millones por el incremento del nivel impositivo.
El PSPV reclama la necesidad de «realizar un mayor control y seguimiento exhaustivo de los parámetros económicos de la administración local con la dotación de servicios de gestión económico municipal de los recursos e instrumentos que permitan una mayor diligencia en el trabajo; sería conveniente aplicar el estudio que se realizó en su día para la reordenación de la plantilla municipal de acuerdo a las necesidades administrativas, funcionales y organizativas de cada uno de los departamentos».
Además hay que tener en cuenta la incertidumbre -motivada por decisiones judiciales- respecto al cobro de impuesto de bienes inmuebles (IBI) sobre aquellos bienes catastrales que con la consideración de urbanizables no lo están y que a lo largo de los últimos años han soportado dicho impuesto. De relevancia puede ser el efecto en la recaudación municipal de posibles reclamaciones por los importes cobrados con anterioridad, así como en un futuro. Pendiente está también conocer si este año 2014 se va a seguir cobrando sobre dichas parcelas el impuesto de bienes inmuebles urbana.
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