El PSPV lamenta que el Ayuntamiento de LLíria haya decidido embargar las cuentas bancarias de quienes no pagan las multas

El PSPV de Llíria ha anunciado que el ayuntamiento de la localidad, que encabeza el alcalde, Manuel Izquierdo, del Partido Popular, ha iniciado el proceso administrativo para embargar las cuentas bancarias y las devoluciones de la Agencia Tributaria de más de 500 vecinos del municipio con el objetivo de cobrarse los impagos por las sanciones de tráfico impuestas desde hace meses.

La decisión del gobierno del Partido Popular se produce después de que el consistorio haya comunicado, infructuosamente, a los infractores el impago de las sanciones de tráfico y les advierte de que contra la misma pueden interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de Valencia que, transcurrido un mes desde su inicio, se entenderá como rechazado.

El Ayuntamiento de Llíria ha recurrido al embargo de las cuentas bancarias de los más de 500 conductores de la capital edetana y de las localidades limítrofes valencianas para hacer efectivo el cobro de la deuda por la sanción de tráfico y ha decidido, además, comunicar la misma a la Agencia Tributaria para que, en caso necesario, se haga cargo de la misma a través de la declaración de la renta de cada conductor con la finalidad de agilizar el abono de la multa.

El PSPV de Llíria lamenta que el gobierno del Partido Popular «tenga que recurrir, directamente, al embargo de las propias cuentas bancarias para hacer efectivo el cobro de las multas y los débitos pendientes por su incapacidad para comunicar, correctamente, a los infractores de la existencia de la sanción administrativa ya que en muchos casos no se ha podido contactar con los deudores».

Además, el grupo socialista censura que el PP de Llíria «sea incapaz de agotar las vías del diálogo con las personas infractores antes de adoptar una decisión tan dramática como embargar los sueldos de las familias que tienen pendientes el pago de multas, impuestos o tasas municipales sin previo aviso sino con un anuncio público a través de un edicto de la Diputación de Valencia que, muchas veces, no tiene el eco y la difusión necesaria para cumplir su finalidad; este equipo de gobierno del PP ya ha demostrado con creces su ansia recaudatoria a lo largo de los últimos año con la subasta de bienes inmuebles y propiedades de familias que no podían pagar las cuotas urbanísticas en algunos planes urbanísticos».

El PSPV de Llíria considera un «error» la adopción de vías tan drásticas como el embargo de las cuentas financieras «de las que dependen muchas familias para comer y subsistir en la actual situación económica con una falta absoluta de tacto por parte del alcalde y su equipo de gobierno; se trata de combinar ambos intereses, la obligación legal del consistorio de cobrar las deudas pendientes por multas de tráfico, impuestos municipales o tasas y, al mismo tiempo, tener en cuenta una sensibilidad social para hacerlo efectivo a través del diálogo sin emplear la fuerza administrativa».

El grupo socialista ha concluido que el ejecutivo local de la capital edetana «primero emprendió su cruzada particular contra los propietarios de terrenos para llevar a cabo programas de actuación integrada en un momento de crisis económica y ahora toca el turno a los infractores de tráfico a los que se les embarga, directamente, las cuentas bancarias con pocas explicaciones».

Por ello, el PSPV ha instado al alcalde de Llíria «a emplear el diálogo antes de adoptar este tipo de decisiones que pueden tener consecuencias importantes sobre muchas familias, más allá de su obligación legal de ingresar y hacer efectivas las deudas de los contribuyentes».

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