La abogacía del Estado ha llevado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo a los Ayuntamientos de Buñol y Algemesí —junto a otros siete consistorios más de la Comunidad Valenciana— por colgar en sus respectivas casas consistoriales la bandera republicana el pasado 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República Española.
Tal como ha trascendido, los ayuntamientos ya fueron apercibidos por carta anteriormente de que en caso de colgar la bandera serían denunciados; y ahora se ha hecho efectiva esta advertencia por parte de la Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y que defiende que existe una vulneración de la legalidad del artículo 4 de la Constitución así como de otros apartados de esta ley que regula el uso de la bandera española. Ya que desde la Abogacía del Estado aseguran que la bandera republicana no es oficial y que al colgarla en los ayuntamientos se está afectando al principio de neutralidad que deben de tener todas las Administraciones públicas.
Según ha trascendido, los Ayuntamientos que se habrían vuelto implicados en este contencioso administrativo son, además de Algemesí y Buñol: Barxeta, Benifairó de la Valldigna, Paiporta, Silla, Sagunto, Tavernes de la Valldigna y Xeraco, al parecer la mitad de los denunciados el año pasado que fueron un total de dieciocho consistorios.
Desde Buñol, su alcalde, Rafa Pérez (de Esquerra Unida), ha asegurado que las dos bandas tricolores que cuelgan de las ventanas laterales de la casa consistorial «no son banderas, son tiras, por lo que no son banderas colgadas ni en el mástil ni con las otras en el balcón del Ayuntamiento»; de ahí que haya añadido que la denuncia «a pesar de que no es la primera vez, la verdad es que nos ha pillado por sorpresa, porque creemos que no vulneramos para nada la ley». Rafa Pérez ha considerado además que estamos «ante un ataque contra la libertad de expresión de la Delegación del Gobierno».
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