La Fiscalía admite a trámite una denuncia del PSPV contra el alcalde de Ribarroja por prevaricación, cohecho y falsedad

La Fiscalía Provincial de Valencia ha admitido a trámite una denuncia del PSPV de Riba-roja de Túria contra el alcalde de la localidad, Francisco Tarazona, del Partido Popular, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros. El reparto de la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ha recaído en la fiscal Victoria Barrachina.

El Ministerio público ha abierto diligencias de investigación penal número 318/14 a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo socialista de Riba-roja en relación al proceso de adjudicación de una parcela municipal de 40.000 metros cuadrados de extensión ubicada en el polígono del sector 13 por un periodo de 50 años. La parcela se ha destinado como aparcamiento de camiones, una actividad que supone para la empresa una facturación de 300.000 euros anuales.

El grupo socialista ha interpuesto la denuncia tras agotar todas las líneas políticas posibles en el ayuntamiento para que el equipo de gobierno del PP anulase el actual convenio entre ambas partes donde ya que se consideraba que era lesivo para los intereses de los ciudadanos de Riba-roja. De hecho, una moción del PSPV en este sentido fue rechazada de plano por los únicos votos del Partido Popular.

La denuncia del PSPV de Riba-roja considera que el pliego de condiciones para la adjudicación de la parcela se realizó en diciembre de 2003 «a la medida» de la empresa que finalmente resultó beneficiaria hasta el punto que en un informe del arquitecto municipal aparece el nombre de la empresa ganadora «con una prisa inusitada, si tenemos en cuenta las fechas navideñas y de reyes» de una parcela valorada en 1’7 millones de euros.

En marzo de 2004 el pleno aprobó la concesión de la parcela para la utilización y construcción de una zona ajardinada y un estacionamiento de vehículos industriales «presentada con carácter urgente sin debatir en las comisiones informativas y sin informar a la oposición como puede comprobarse en el contenido del acta del pleno». El mismo camino se siguió, posteriormente, con la adjudicación de la parcela «con una mesa de contratación formada exclusivamente por el equipo de gobierno y sin ningún miembro de la oposición mediante un procedimiento abierto en la modalidad de concurso».

Además, el aval de 1’5 millones de euros correspondiente a la suma total de la concesión de la parcela está «desaparecido» actualmente a pesar de aparece en el pliego de condiciones ya que se ha destinado al pago de las certificaciones de la obra del aparcamiento de la plaza del ayuntamiento valorada en 6’5 millones de euros y que en su día construyó la misma empresa adjudicataria. Sin embargo, sí aparecen «extrañamente» dos avales por valor de 86.000 euros en dos entidades bancarias diferentes.

El portavoz municipal del PSPV, Robert Raga, califica de «regalo» el acuerdo que en su día se rubricó entre el ayuntamiento y la mercantil «por una extensión de terrenos tan importante que reporta un enorme beneficio económico a esta empresa a costa de ocupar el patrimonio de todos los ciudadanos de la localidad durante un periodo de 50 años y, por tanto, hipoteca el futuro y el porvenir del ayuntamiento durante este periodo de tiempo a pesar de la delicada situación de las arcas públicas».

Raga ha denunciado, también, que el proyecto de construcción del aparcamiento de camiones «no ha reportado la creación de puestos de trabajo entre la gente de Riba-roja pese a tratarse de un terreno de titularidad pública».

La empresa beneficiada es una de las que ha resultado adjudicataria de los grandes contratos y adjudicaciones de obras y proyectos por parte del Ayuntamiento de Riba-roja por valor de 10 millones de euros, entre los que destaca, principalmente, el citado aparcamiento subterráneo de la plaza del ayuntamiento, la finalización de la piscina cubierta, el asfaltado del camí de Xest, la ampliación del auditorio, la reforma de la zona de la estación o la construcción del campo de fútbol, entre otros muchos.

La denuncia se ha presentado ahora a raíz de la propuesta de acuerdo de solicitud de un cambio de titularidad en la concesión administrativa de la citada parcela ya que la mercantil ha entrado en concurso de acreedores.

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