La Generalitat firma convenios con los ayuntamientos de Lliria y la Pobla de Vallbona para ceder el derecho de tanteo y que puedan comprar viviendas

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El vicepresidente y conseller de Vivienda y los correspondientes responsables municipales han firmado en febrero los convenios que les permite ejercer este derecho

Este mecanismo permite a los ayuntamientos ampliar el parque público de vivienda para destinarlo a las familias más vulnerables

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha firmado durante el mes de febrero de manera electrónica convenios para la cesión del derecho de tanteo y retracto con responsables municipales de Gandia, Lliria y La Pobla de Vallbona, Diana Morant, Manolo Civera y Josep Vicent García, respectivamente, que permitirán a estos ayuntamientos adquirir viviendas para atender las necesidades habitacionales de sus respectivos municipios. 

Martínez Dalmau ha explicado que el derecho de tanteo y retracto «es una herramienta muy eficaz para ampliar el parque público de viviendas por parte de la Generalitat y los ayuntamientos». 

Asimismo, ha asegurado que ya «son muchos los consistorios que tienen mucho interés para adherirse a ella, ya que pueden ser una respuesta eficaz a la necesidad de vivienda por parte de personas, familias o colectivos vulnerables, a través de un alquiler social». 

El vicepresidente ha destacado que las viviendas que a partir de ahora adquieran estos ayuntamientos se calificarán de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán a su parque público municipal. 

Otra de las ventajas sobre la cesión del derecho a los ayuntamientos es que se asegura una gestión más eficiente de proximidad del parque público, ya que son los servicios sociales municipales los más cercanos a la gente y a los que primero acuden cuando tienen necesidades habitacionales. 

Este convenio es el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda. La vigencia del convenio es de un año, con posibilidad de prorrogarse. 

Atención más cercana

En el caso de Gandia, la Conselleria gestiona en la actualidad, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), 147 viviendas. Sin embargo, la demanda existente en el municipio es elevada, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas para aumentar ese parque público. 

Asimismo, para mejorar la política de vivienda a nivel local, hay que recordar que el pasado año Gandia firmó un convenio con la Conselleria para integrarse en la Red de Municipios de Oficinas Xaloc. Ya tiene en marcha un caso piloto de oficina con servicio de ventanilla única en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana. Todo ello ha contado con una inversión de 111.600 euros por parte de la Vicepresidencia Segunda. 

En el caso de la Pobla de Vallbona, el vicepresidente ha recordado el caso de la treintena de familias que hace unas semanas estuvieron al borde del desahucio, pero que la intervención de la Conselleria y el Ayuntamiento logró solucionar el problema, que concluyó con la compra de las viviendas por parte de la Generalitat por vía de emergencia. 

A finales de noviembre se tuvo conocimiento que más de 30 familias iban a ser desahuciadas el 8 de diciembre de 2020. Los equipos jurídicos de la Conselleria y el Ayuntamiento consiguieron en un tiempo récord aplazar los desahucios al 8 de febrero de 2021 para ganar tiempo, en el que se negoció la compra de los inmuebles a la empresa Divarian y la suspensión de los procedimientos. 

Por tanto, la Conselleria ha adquirido 28 viviendas en los edificios donde residen las familias que iban a ser desahuciadas, lo que permite resolver la totalidad de los casos. Junto a ellas, también ha comprado en el municipio otra vivienda al BBVA. A ello hay que sumar otras tres que fueron compradas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), a finales de 2020.

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