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El Grupo Popular en la Diputación propondrá un convenio con el Colegio de Abogados para asesorar a los ayuntamientos y atender a las víctimas
Los actos de okupación ilegal de viviendas se han multiplicado en los últimos meses y «los vecinos deben tener seguridad»
Mompó en su visita a Torrent se ha sumado a la iniciativa del PP en todos los ayuntamientos para presentar mociones para «luchar contra esta lacra social»
Entiende que debería haber un consenso político sobre esta cuestión y denuncia la justificación que se hace de esta actividad desde Podemos
El presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó, –junto a la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, y el diputado nacional Luis Santamaría– ha acompañado a la portavoz en el Ayuntamiento de Torrent, Amparo Folgado, para analizar la problemática de la okupación ilegal de viviendas en el municipio y para sumarse a la campaña nacional del partido para «luchar contra esta lacra social».
Mompó ha defendido en el Ayuntamiento de Torrent que «no hay ningún Estado democrático libre que no defienda de manera abierta el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos». Para el dirigente provincial el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez debería «actuar ya contra los okupas» y no mirar hacia otro lado ni sumarse a la justificación que hace Podemos de este tipo de actos delictivos.
«El Partido Popular sí se va a preocupar de este asunto porque los vecinos deben tener seguridad» y por eso se van a presentar mociones en los 7.000 ayuntamientos donde el partido tiene representación para que «no siga aumentando el número de casos y se mejore en la efectividad a la hora de los desalojos».
En el caso de la Diputación de Valencia, el Grupo Popular va a reclamar la creación de una oficina –a través de un convenio con el Colegio de Abogados– para prestar asesoramiento jurídico a los ayuntamientos y coordinar las acciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías locales.
Esta oficina también prestaría asesoramiento en mediación para atender a las víctimas de ocupaciones ilegales de viviendas y a las comunidades de vecinos de los inmuebles que se vean afectados por esta lacra social.
Vicente Mompó ha recordado que en Torrent hay okupaciones «en la urbanización de Calicanto y en muchos otros lugares de la provincia como Chiva, Alberic y en otras poblaciones de las comarcas de la Costera, l´Horta Nord y l´Horta Sud. Es algo que se ha extendido por toda nuestra geografía».
En los primeros seis años se han incrementado las okupaciones de viviendas «casi un 30% respecto al año pasado atendiendo a las denuncias registradas en los juzgados valencianos», ha indicado Mompó, quien recuerda que en el conjunto de España en lo que llevamos de 2020 ya son más de 3.700 las denuncias realizadas.
«Debería haber un consenso político alrededor de esta actividad ilegal porque todo el mundo entiende que del mismo modo que no se puede robar un coche no se puede ocupar una vivienda», ha señalado el presidente provincial.
Entre las medidas propuestas por el Partido Popular para acabar con esta agresión contra la propiedad privada que sufre España, Mompó ha destacado la de «promover el desalojo de okupas en 12 o 24 horas, así como impulsar la reforma legislativa para que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años y la incitación a la okupación con penas de 3 meses a 1 año de prisión».
El presidente provincial también ha recalcado que es necesario que «las comunidades de propietarios y las personas jurídicas puedan acudir a los tribunales, como es importante no permitir a los okupas empadronarse en la vivienda que hayan ocupado de manera ilegal».
Por último, ha insistido en que «hay que proteger a los ciudadanos y no dejarlos indefensos ante estas okupaciones que contribuyen a socavar los cimientos de cualquier país democrático. Para ello hemos de tener las herramientas necesarias para cortar de manera ágil y efectiva estas actuaciones que muchas veces, más allá de situaciones individuales enmascaran la actividad de verdaderas mafias».
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