Los grupos municipales Podem Riba-roja y L’Esquerra de Riba-roja han presentado una moci\u00f3n para reclamar al ayuntamiento que apoye la reforma de la ley Org\u00e1nica 4\/2015, de 30 de marzo, de Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana, conocida como \u201cLey Mordaza\u201d, para establecer un marco jur\u00eddico adecuado que proteja la seguridad de la ciudadan\u00eda y garantice de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades, plasmando en la ley el compromiso con la ciudadan\u00eda de nuestro pa\u00eds en el establecimiento de una democracia avanzada.<\/p>\n\n\n\n
La actual ley fue probada en el Congreso de los Diputados con el \u00fanico apoyo del Partido Popular, entonces en el Gobierno, tras varios a\u00f1os de crisis econ\u00f3mica y como reacci\u00f3n a la irrupci\u00f3n del movimiento 15-M, que gener\u00f3 manifestaciones en contra de los recortes en los principales pilares del Estado de bienestar como la sanidad, la educaci\u00f3n y los servicios sociales.<\/p>\n\n\n\n
La norma aprobada por el PP recrudec\u00eda las prohibiciones para las manifestaciones no autorizadas y responsabilizaba de los da\u00f1os a los convocantes, al tiempo que incrementaba el coste m\u00ednimo de las infracciones reconocidas.<\/p>\n\n\n\n
Desde entonces han sido numerosas las organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los Derechos Humanos que ha se\u00f1alado la norma como un notable retroceso en materia de derechos y libertades civiles. En cuanto a los efectos que ha tenido, seg\u00fan datos del Ministerio del Interior, la cuenta de resultados de la Ley Mordaza en los seis a\u00f1os que lleva en vigor muestra que se han practicado m\u00e1s de 1,3 millones de sanciones, lo que se traduce en una cantidad total superior a los 800 millones de euros.<\/p>\n\n\n\n
Unidas Podemos lleva desde el a\u00f1o 2016 impulsado en el Congreso la modificaci\u00f3n de esta ley, para establecer un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades p\u00fablicas por la ciudadan\u00eda y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de expresi\u00f3n, informaci\u00f3n, reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, introduciendo en la norma los cambios necesarios para acabar con los art\u00edculos que disuaden de ese pleno ejercicio por parte de la ciudadan\u00eda y colectivos espec\u00edficos, como el de los periodistas e informadores.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, se pretende que no se sancione el mero ejercicio pac\u00edfico del derecho de reuni\u00f3n ni la grabaci\u00f3n de im\u00e1genes de los agentes de la polic\u00eda y asegurar que la actuaci\u00f3n de la polic\u00eda se guiar\u00e1 en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilizaci\u00f3n de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables, como las pelotas de goma.<\/p>\n\n\n\n
La intenci\u00f3n es adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisi\u00f3n Europea y otras organizaciones internacionales, de tal forma que las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadan\u00eda se rijan por los principios de confianza, servicio p\u00fablico, seguridad jur\u00eddica e interdicci\u00f3n de la arbitrariedad.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los cambios se orienta a reducir el n\u00famero de sanciones establecidas en la norma, eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos fundamentales y aminorando aquellas que actualmente resultan desproporcionadas, como las relativas al consumo de cannabis. Adem\u00e1s se trabaja para reducir la cuant\u00eda de la sanciones, estableciendo criterios claros a la hora de reducir el importe de las sanciones en funci\u00f3n de la capacidad de pago de las personas afectadas, de tal forma que paguen m\u00e1s quien m\u00e1s tienen.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, Podem Riba-roja y L’Esquerra de Riba-roja <\/strong>ha presentado una moci\u00f3n para apelar al Gobierno central para que impulse el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa, la Comisi\u00f3n Europea y otras organizaciones internacionales respecto a la adecuaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n de seguridad ciudadana a los est\u00e1ndares avanzados de calidad democr\u00e1tica, as\u00ed como a introducir en la Ley las modificaciones necesarias para corregir los supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, emplaza al consistorio a apoyar la pronta tramitaci\u00f3n parlamentaria de la reforma de la ley mordaza e insta a reprobar la instrumentalizaci\u00f3n que, por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas, se est\u00e1 realizando en contra de la modificaci\u00f3n de la actual ley de seguridad ciudadana, tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un Estado de derecho democr\u00e1tico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"