La secci\u00f3n primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por un aspirante a la plaza de intendente de la polic\u00eda local de Riba-roja de T\u00faria e impone las costas procesales, hasta el l\u00edmite de 500 euros por todos los conceptos al recurrente. El fallo del alto tribunal es firme y contra el mismo no cabe ya recurso alguno. <\/p>\n\n\n\n
La sentencia del Tribunal Supremo ratifica la decisi\u00f3n que en abril del a\u00f1o 2020 dict\u00f3 la secci\u00f3n segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con la anulaci\u00f3n de la citada plaza de intendente principal de la polic\u00eda local del Ayuntamiento de Riba-roja de T\u00faria que cre\u00f3 el Partido Popular meses antes de las elecciones del a\u00f1o 2011. <\/p>\n\n\n\n
El fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano admit\u00eda en el a\u00f1o 2020 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el propio consistorio de Riba-roja de T\u00faria contra una decisi\u00f3n anterior en la que se estimaba el recurso del empleado que, en su momento, gan\u00f3 la citada plaza funcionarial. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n ante el Supremo que ahora ha validado el fallo anterior. <\/p>\n\n\n\n
Los hechos que originaron el fallo arrancan en febrero del a\u00f1o 2011 cuando el Ayuntamiento de Riba-roja de T\u00faria, gobernado entonces por el Partido Popular, cre\u00f3 pocos meses antes de las elecciones locales la plaza de intendente, as\u00ed como otras cinco plazas municipales adem\u00e1s de decretar una subida salarial media del 3\u20192%, muy superior al 0\u20193% que fijaba el \u00edndice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores. <\/p>\n\n\n\n
El Abogado del Estado recurri\u00f3 la creaci\u00f3n de las seis plazas de funcionarios, as\u00ed como el presupuesto y la relaci\u00f3n de puestos de trabajo (RPT) que cre\u00f3 el entonces gobierno de Partido Popular en el a\u00f1o 2011 al entender que todas estas decisiones no estaban justificadas y contraven\u00edan algunas de las disposiciones contempladas por el gobierno central en materia presupuestaria y laboral. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el aspirante que gan\u00f3 la plaza empez\u00f3 a ocuparla en el a\u00f1o 2012 hasta que en enero del a\u00f1o 2015 solicit\u00f3 una comisi\u00f3n de servicios para desempe\u00f1ar la misma categor\u00eda profesional en el vecino municipio de Manises en calidad de comisi\u00f3n de servicios que se prolong\u00f3 hasta enero de 2016, fecha de vencimiento de la citada comisi\u00f3n de servicios. <\/p>\n\n\n\n
El equipo de gobierno de Riba-roja de T\u00faria del a\u00f1o 2016 se opuso al retorno del empleado municipal a la plaza de intendente al entender que una sentencia judicial del Tribunal Supremo anulaba la citada plaza profesional, as\u00ed como la subida salarial muy por encima del IPC vigente en aquellos momentos junto a la creaci\u00f3n de diversos puestos de trabajo en el consistorio. <\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Superior de Justicia afirmaba en una sentencia del 29 de febrero de 2016 que la amortizaci\u00f3n de la plaza de intendente principal en Riba-roja de T\u00faria \u201ccumple el fallo que tuvo lugar referido a dicha plaza\u201d y subraya que \u201ccarece de soporte jur\u00eddico que el interesado disfrute de una plaza y ocupe un puesto de trabajo inexistente con arreglo a derecho y que ya se hab\u00edan amortizado\u201d. <\/p>\n\n\n\n
No obstante, en octubre del a\u00f1o 2017 el mismo Tribunal Superior de Justicia valenciano estim\u00f3 el recurso interpuesto por el interesado contra la presunta denegaci\u00f3n del Ayuntamiento de Riba-roja de T\u00faria para readmitirlo en su puesto. Sin embargo, el ayuntamiento recurri\u00f3 la decisi\u00f3n ante el TSJ que en abril del a\u00f1o 2020 ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del consistorio y rechaz\u00f3 las peticiones del demandante que recurri\u00f3 ante el Supremo. <\/p>\n\n\n\n
El alcalde de Riba-roja de T\u00faria, Robert Raga, ha manifestado que la decisi\u00f3n del Supremo \u201cviene a confirmar la ilegalidad del gobierno del PP al crear las citadas plazas y subir los sueldos por encima del IPC y, al mismo tiempo, se viene a ratificar la postura del actual ejecutivo local que ha obrado, en todo momento, para defender los intereses generales del ayuntamiento\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"