La Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto penas de entre uno y dos a\u00f1os de c\u00e1rcel a tres antiguos alcaldes de Enguera y Requena por delitos de prevaricaci\u00f3n, fraude y malversaci\u00f3n en la adjudicaci\u00f3n de contratos municipales entre 2013 y 2015. En la misma resoluci\u00f3n, tambi\u00e9n se condena a un empresario y a un funcionario de la Diputaci\u00f3n de Valencia por su implicaci\u00f3n en las irregularidades.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal, en el marco de la pieza K del conocido caso Taula-Imelsa, considera probado que el empresario Jos\u00e9 Mariano L\u00f3pez, administrador de T\u00e9cnicas Legales Administrativas (TLA), pact\u00f3 con los entonces alcaldes Javier Berasaluce (Requena, PP) y Santiago Ar\u00e9valo (Enguera, PP) la simulaci\u00f3n de contratos negociados sin publicidad para favorecer a la mercantil Servimun SLU. Esta empresa deb\u00eda encargarse de tareas de apoyo a la inspecci\u00f3n tributaria local.<\/p>\n\n\n\n
Berasaluce y Ar\u00e9valo han recibido una condena de un a\u00f1o y un d\u00eda de prisi\u00f3n, as\u00ed como seis a\u00f1os y un d\u00eda de inhabilitaci\u00f3n para empleo o cargo p\u00fablico, por un delito de fraude a la administraci\u00f3n en concurso medial con prevaricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, \u00d3scar Mart\u00ednez, exalcalde de Enguera por el PSPV-PSOE y sucesor de Ar\u00e9valo, ha sido sentenciado a dos a\u00f1os y un d\u00eda de c\u00e1rcel y a la misma inhabilitaci\u00f3n. Seg\u00fan la sentencia, Mart\u00ednez habr\u00eda pactado la adjudicaci\u00f3n de un contrato menor para la elaboraci\u00f3n de un informe sobre un proyecto de panader\u00eda industrial, pese a que el trabajo realizado no reun\u00eda los requisitos necesarios y su coste era inferior al presupuestado.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el fallo condena al empresario Jos\u00e9 Mariano L\u00f3pez y a un funcionario de la Diputaci\u00f3n, jefe de la secci\u00f3n de tributos en el momento de los hechos, a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. El trabajador p\u00fablico deber\u00e1 pagar tambi\u00e9n una multa de 1.800 euros por falsificaci\u00f3n documental, tras acreditarse que alter\u00f3 un documento relacionado con modificaciones catastrales de un camping.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n judicial no es firme y podr\u00e1 ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"