El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha condenado al Ayuntamiento de Riba-roja de T\u00faria al pago de 879.340 euros a los propietarios de unos terrenos que la administraci\u00f3n local expropi\u00f3 a finales de los a\u00f1os 70 pero que hasta ahora no ha abonado por falta de acuerdo entre el consistorio y los due\u00f1os de los casi 58.000 metros cuadrados de suelo que se destinaron entonces para construir un parque en Montealcedo. <\/p>\n
\tLa secci\u00f3n cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ ha estimado la petici\u00f3n de la familia propietaria de adoptar como medida cautelar el pago de los citados 879.000 euros a la espera de que el m\u00e1ximo tribunal jur\u00eddico valenciano se pronuncie sobre el recurso que en su d\u00eda interpusieron ambas parte contra el dictamen de la Junta Provincial de la Expropiaci\u00f3n que cuantificaba el valor de los terrenos en 1’6 millones de euros.<\/p>\n
\tMientras un informe t\u00e9cnico del Ayuntamiento de Riba-roja valoraba los terrenos en los 879.000 euros, la familia propietaria cifraba en 6’7 millones su precio real. Al tiempo el citado tribunal de la expropiaci\u00f3n zanjaba la cuesti\u00f3n con una cantidad intermedia de 1’6 millones de euros que fue recurrida por el propio consistorio en mayo de 2015, a pocas semanas de la cita electoral, al considerar elevado este precio. <\/p>\n
\tSin embargo, la sentencia del TSJ podr\u00eda no ser la \u00faltima para las arcas municipales del Ayuntamiento de Riba-roja de T\u00faria si prospera el recurso contencioso-administrativo formulado por los herederos de la familia propietaria de los terrenos que reclaman una valoraci\u00f3n adecuada al precio de mercado de los mismos basados en su extensi\u00f3n global. <\/p>\n
\tEl auto del alto tribunal valenciano recuerda de que en su d\u00eda se debi\u00f3 fijar en el presupuesto del ayuntamiento de Riba-roja de T\u00faria \u00abel reconocimiento del pago del justiprecio, que es lo que ahora se reclama, por lo que ya debe estar de sobra reconocido; no se comprende por qu\u00e9 se desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n pudiendo minorar el pago de lo debido\u00bb. <\/p>\n
\tUn informe municipal conjunto de la interventora y de la tesorera, en la misma l\u00ednea, subraya que el citado pago se refrendar, a continuaci\u00f3n, mediante un acuerdo del pleno de la corporaci\u00f3n a trav\u00e9s del pertinente reconocimiento extrajudicial, por lo que \u00abdadas las fechas actuales\u00bb el presupuesto de aplicaci\u00f3n ser\u00e1 el correspondiente al ejercicio de 2016 con la previsi\u00f3n de cr\u00e9ditos iniciales o las oportunas modificaciones presupuestarias. <\/p>\n
\tEl alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que esta condena judicial \u00abes la muestra de la nefasta gesti\u00f3n urban\u00edstica que en su d\u00eda realizaron el ex alcalde Francisco Tarazona, y el anterior gobierno del PP del que formaba parte la actual portavoz municipal, Mar\u00eda Jos\u00e9 Ruiz, al enrocarse en su posici\u00f3n inicial sin llegar a ning\u00fan tipo de consenso o di\u00e1logo que nos habr\u00eda evitado llegar a la v\u00eda judicial y, por tanto, no se alcanz\u00f3 ning\u00fan acuerdo entre ambas partes que en un futuro podr\u00eda aumentar de forma desorbitante los pagos a esta familia propietaria\u00bb. <\/p>\n
\tSeg\u00fan el alcalde, el anterior gobierno \u00abno cumpli\u00f3 con su deber de consignar la pertinente partida econ\u00f3mica en el presupuesto como establece la ley en este tipo de casos y dej\u00f3 este litigio judicial para la corporaci\u00f3n que surgiera de las urnas, y ha tenido que ser el actual equipo de gobierno el que asuma esa responsabilidad y haya realizado las pertinentes gestiones por dejaci\u00f3n del Partido Popular\u00bb. <\/p>\n
\tRaga ha a\u00f1adido que el futuro judicial de Riba-roja podr\u00eda alcanza los 36 millones de euros a medio y largo para las arcas municipales si prosperan los 15 litigios judiciales que afectan al ayuntamiento, principalmente, por cuestiones urban\u00edsticas. Entre ellas cabe destacar -al margen de los 6’7 millones referidos por la expropiaci\u00f3n- los 2’2 millones de euros del propietario de una f\u00e1brica que se incendi\u00f3 en un pol\u00edgono, una indemnizaci\u00f3n de otros 2’2 millones de una empresa adjudicataria de un programa de actuaci\u00f3n integrada (PAI) por da\u00f1os y perjuicios, otros 506.000 euros por la rescisi\u00f3n de un contrato p\u00fablico y diversos litigios que oscilan entre los 2.500 y los 420.000 euros. <\/p>\n
\tPor \u00faltimo, el conocido como PAI Porxinos -promovido por el Valencia y anulado por el Tribunal Supremo para construir una ciudad deportiva en Riba-roja- representa una buena parte de los 36 millones de euros en total que el equipo de gobierno deber\u00e1 pagar a medio plazo. En este caso, el PAI de Porxinos podr\u00eda significar el pago de otros 22 millones de euros en indemnizaciones al Valencia por la anulaci\u00f3n del plan urban\u00edstico. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"