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El grupo municipal Esquerra Unida ha presentado una moción para reclamar en el Ayuntamiento de Algemesí apoye la reforma de la ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, para «establecer un marco jurídico adecuado que proteja la seguridad de la ciudadanía y garantice de manera efectiva lo libre ejercicio de derechos y libertades, plasmando en la ley el compromiso con la ciudadanía de nuestro país en el establecimiento de una democracia avanzada», según la formación.
«La actual ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular, entonces en el Gobierno, después de varios años de crisis económica y como reacción a la irrupción del movimiento 15-M, que generó manifestaciones en contra de los recortes en los principales pilares del Estado de bienestar como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La norma, aprobada por el PP, empeoraba las prohibiciones para las manifestaciones no autorizadas y responsabilizaba de los daños a las personas convocantes, al mismo tiempo que incrementaba el coste mínimo de las infracciones reconocidas», añaden.
«Desde entonces han sido numerosas las organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los Derechos Humanos que han señalado la norma como una notable reculada en materia de derechos y libertades civiles. Respecto a los efectos que ha tenido, según datos del Ministerio del Interior, la cuenta de resultados de la Ley Mordaza en los seis años que puerta en vigor muestra que se han practicado más de 1,3 millones de sanciones, lo cual se traduce en una cantidad total superior a los 800 millones de euros».
Unidas Podemos «desde el año 2016 impulsa en el Congreso la modificación de esta ley, para establecer un marco legal en el cual la salvaguardia de la seguridad ciudadana sea entendimiento como el pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de expresión, información, reunión y manifestación, introduciendo en la norma los cambios necesarios para acabar con los artículos que disuaden de este pleno ejercicio por parte de la ciudadanía y colectivos específicos, como el periodístico e informativo».
«Así, se pretende que no se sancione el mero ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la grabación de imágenes de los agentes de la policía y asegurar que la actuación de la policía se guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causan lesiones irreparables, como las pelotas de goma».
«La intención es adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales, de tal forma que las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se rijan por los principios de confianza, servicio público, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad».
Otro de los cambios «se orienta a reducir el número de sanciones establecidas en la norma, eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos fundamentales y aminorando aquellas que actualmente resultan desproporcionadas, como las relativas al consumo de cannabis. Además se trabaja para reducir la cuantía de las sanciones, estableciendo criterios claros en la hora de reducir el importe de las sanciones en función de la capacidad de pago de las personas afectadas, de tal forma que pagan más quien más tienen».
En este contexto, Unidas Podemos ha presentado una moción «para apelar en el Gobierno central porque impulso el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales respecto a la adecuación de la legislación de seguridad ciudadana a los estándares avanzados de calidad democrática, así como a introducir en la Ley las modificaciones necesarias para corregir los supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional».
Así mismo, Unidas Podemos-Esquerra Unida emplaza al consistorio «a apoyar a la rápida tramitación parlamentaria de la reforma de la ley mordaza e insta a reprobar la instrumentalización que, por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas, se está realizando en contra de la modificación de la actual ley de seguridad ciudadana, tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un Estado de derecho democrático».
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