La ex edil del Partido Popular Amparo Lapuente ha ofrecido distribuir la indemnización resultante de su juicio contra el alcalde, «entre ONG´s como Apnav (Asociación de padres con autismo) y de la localidad, con proyectos de ayuda a vecinos con dificultades», según ha informado en un comunicado oficial.
El día tres de este mes se celebró en el Juzgado de lo Contencioso número ocho de Valencia, la vista del recurso contencioso administrativo interpuesto por la concejal Amparo Lapuente Casas, contra los decretos de la alcaldía por las que se le privaba de las funciones que le había asignado el pleno del ayuntamiento de Chiva, tal como ha informado la concejal.
La que durante años fuese la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento «y que causó baja en el mismo para exteriorizar sus discrepancias con la forma de ejercer el poder el alcalde, José Manuel Haro, pretende así hacer patente ante los tribunales el autoritarismo del alcalde que, de manera constante, gobierna por decreto hurtando decisiones que sólo al pleno municipal corresponden», según ha manifestado la edil.
«Es el comportamiento prepotente del Sr. Haro el que está llevando a la ruptura del grupo popular en el ayuntamiento. Su incapacidad para aceptar la más mínima discrepancia y para resolver los problemas mediante el diálogo está socavando la credibilidad de los populares en Chiva y acabará por hacerles perder el gobierno», ha declarado la concejal ahora en el grupo de no adscritos que ya cuenta con dos concejales, anteriormente en las filas populares.
Las razones que llevaron a Lapuente a interponer el contencioso son «de carácter jurídico y es reivindicar el papel central de pleno del ayuntamiento en un sistema de gobierno democrático y poner freno así a la continua invasión de las competencias de este órgano por parte del alcalde que intenta imponer sus decisiones sin debate ni publicidad. Un ejemplo de ese comportamiento fue precisamente la desposesión a Lapuente de funciones que le había encomendado el pleno municipal y que debía ser el pleno quien le retirase y no el alcalde por decreto», según Amparo Lapuente.
«Cuestionada su gestión por algunos de sus excompañeros y con varios procedimientos judiciales en marcha por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documentos públicos, el alcalde Haro acusa ahora a Lapuente de buscar con el contencioso obtener beneficios económicos por un trabajo no ejercido».
Ante estas acusaciones Lapuente ha declarado que «siempre ha trabajado por el municipio, tanto cuando he tenido dedicación exclusiva y sueldo, como sin sueldo alguno». Y añade ha añadido que «si mi objetivo político hubiese sido cobrar sin hacer nada me habría bastado con quedarme al lado de Haro y seguir soportando su estilo autoritario».
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