El alcalde de Siete Aguas reprocha a Gobierno y SIEP que no comunicaran al Ayuntamiento la paralización de las obras de la cárcel

El alcalde de Siete Aguas, Daniel Zahonero.
El alcalde de Siete Aguas, Daniel Zahonero.
El alcalde de Siete Aguas, Daniel Zahonero.
El alcalde de Siete Aguas, Daniel Zahonero.

El alcalde de Siete Aguas, Daniel Zahonero Abril (PSOE), ha querido expresar públicamente su malestar con el Gobierno central por el «hermetismo absoluto que está manifestando respecto a las obras del centro penitenciario Levante II, de cuya paralización no se ha informado todavía oficialmente al ayuntamiento», según ha manifestado el munícipe.

Daniel Zahonero, quien conoció la noticia el pasado jueves por la tarde de boca del responsable de Sacyr en la obra, confiaba en obtener una comunicación oficial «bien por parte del Director General de Instituciones Penitenciarias bien por parte del presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), sin embargo, a fecha de hoy esta comunicación aún no se ha producido» lo que para el primer edil supone «negar a los ciudadanos de Siete Aguas el derecho legítimo a ser informados de una actuación que les afecta directamente».

Esta actitud por parte de los responsables políticos «de la mayor actuación en términos económicos y de repercusión que se ha ejecutado nunca en Siete Aguas, ha coincidido precisamente con la entrada del Partido Popular en el Gobierno Central. Hasta diciembre del pasado año el Ayuntamiento y el SIEP mantenían una relación completamente fluida, con conversaciones periódicas entre el alcalde y el presidente de la sociedad estatal, algo que no ha sucedido desde que cambió el gobierno. Esta relación permitió, entre otras cosas, firmar un convenio que establecía ciertas contraprestaciones para Siete Aguas como el pago de una compensación económica de 1,2 millones de euros o la ejecución de una línea eléctrica adicional hasta el municipio que permitiría salvar posibles problemas en el suministro en el caso de que la actual fallara en algún momento por sobrecarga o avería», tal como han informdo desde el Ayuntamiento de Siete Aguas.

«Afortunadamente –ha expresado el alcalde– negociamos para que el pago de la compensación económica se produjera a la firma del convenio y de una sola vez, porque a saber lo que habría pasado ahora si hubiéramos accedido, como nos propusieron, a que se hiciera en dos pagos». Sin embargo, lo que ahora queda en duda es qué ocurrirá con el compromiso de ejecutar la línea eléctrica, algo que será directamente preguntado al Ministro del Interior en el Senado por los representantes del PSOE en la Cámara Alta.

Desde el primer momento, el equipo de gobierno municipal «no quiso que el tema de la cárcel entrara en el juego político precisamente por la repercusión que este tipo de actuación tenía para la localidad, y por este motivo, y en aras de obtener de ella el mayor beneficio, se constituyó una comisión integrada por representantes de todos los partidos que periódicamente mantenía reuniones con el representante de la empresa constructora para que fueran informando de los avances en la ejecución, de las posibles ofertas de empleo para vecinos del municipio y cualquier otra cuestión relacionada con la obra. Nosotros nunca quisimos politizar esta cuestión, algo que sí parece que quiere hacer el Partido Popular, y lo que no se dan cuenta es que lo que está en juego son, entre otras cosas, las posibilidades laborales de los vecinos de Siete Aguas», ha concluido Daniel Zahonero.

 

Mi banner

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*