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El Gobierno de Carlos Mazón asegura estar cumpliendo los principales compromisos adquiridos con los valencianos y liderando la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana, especialmente tras los estragos causados por la DANA del 29 de octubre.
Coincidiendo con el ecuador de la legislatura, desde el Consell se destaca la “estabilidad institucional” lograda con la aprobación de dos presupuestos consecutivos y una gestión centrada en la responsabilidad, la eficiencia y el bienestar ciudadano.
Desde la Generalitat afirman haber consolidado un modelo de gobierno que ha permitido impulsar inversiones históricas en gasto social, priorizando la sanidad, los servicios sociales y la educación.
Avances sociales y económicos
Entre los compromisos cumplidos destacan la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el refuerzo de la libertad educativa, la implantación de la Formación Profesional Dual y el Plan de Salud Mental, que ha supuesto la creación de 200 plazas profesionales y 36 hospitales de día. A ello se suma la Estrategia de Salud Digital, con una inversión de 235 millones de euros para modernizar la atención sanitaria.
El Ejecutivo autonómico también pone en valor la reducción histórica de las listas de espera en dependencia —un 27 % menos en 2024—, y el impulso a la atención a mayores con más plazas públicas en residencias.
En el plano económico, la Generalitat destaca la reforma fiscal, que ha incluido la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la eliminación de la tasa turística y un enfoque hacia las rentas medias y bajas. Esta política fiscal ha permitido que el número de beneficiarios de deducciones autonómicas en el IRPF haya aumentado un 88 %, alcanzando los 567.951 contribuyentes.
En materia de vivienda, el Plan Vive contempla la creación de 10.000 viviendas públicas, ayudas al alquiler, avales para la compra de la primera vivienda y beneficios fiscales para jóvenes y colectivos vulnerables. Casi 1.500 personas se han beneficiado ya de este programa.
También se menciona el desbloqueo de infraestructuras clave, la aprobación de la primera Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, el respaldo al sector primario y la apuesta por la reindustrialización y la modernización de la justicia.
La reconstrucción tras la DANA
Paralelamente, el Consell subraya su papel en la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada del 29 de octubre, sin haber recibido —afirman— ayudas a fondo perdido por parte del Gobierno central.
La Generalitat ha movilizado, comprometido o gestionado 2.422,83 millones de euros en contratos de emergencia, ayudas directas y otras actuaciones. Se ha puesto en marcha el Pla Endavant, con 339 medidas y 12 objetivos estructurales, enfocados en la recuperación, la planificación de infraestructuras estratégicas y la preparación ante futuras emergencias.
Entre las actuaciones realizadas figuran:
- La limpieza de 900 garajes y 56 centros educativos.
- La retirada de casi un millón de toneladas de residuos.
- 330.824 horas de trabajo de personal y 180.353 de maquinaria.
- Reparación de 650 km de carreteras y 566 km de vías ferroviarias.
- Recuperación de más de 100 centros educativos, 61 centros de salud, 3 hospitales, 421 farmacias, 126 residencias.
- Recuperación de 55.000 hectáreas de cultivo, 50.000 parcelas y 122 depuradoras y colectores.
Críticas al Gobierno central
El Consell denuncia que estos avances se han producido sin apoyo financiero directo del Ejecutivo central y pese a la infrafinanciación estructural que sufre la Comunitat Valenciana. Critican también la eliminación del extra-FLA, que hasta ahora cubría el déficit de las comunidades peor financiadas.
“El Gobierno central ha optado por una estrategia de asfixia financiera, obligando a la Generalitat a solicitar deuda extraordinaria para poder pagar a proveedores, en el peor momento de nuestra historia reciente”, lamentan fuentes del Consell.
Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que seguirán avanzando en una hoja de ruta “clara y ambiciosa”, centrada en una Comunitat más próspera, justa y dinámica, con una visión de futuro basada en el crecimiento económico, la protección social y la gestión eficiente de los recursos públicos.
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