El Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, Julià Àlvaro Prat, participó días atrás en la reunión sobre la adjudicación de la Autorización Ambiental Integrada a la cementera Cemex, organizada por el presidente de la mancomunidad, Rafa Fora, en Godelleta. Tras ella, el máximo responsable en la Comunitat sobre emisiones y el proceso de incineración de productos tóxicos y peligrosos valoró para tucomarca.com el estado en el que se encuentra la problemática.—
— PREGUNTA: Usted ha tenido ocasión de hablar con los agentes sociales en Godelleta sobre la incineración, y más concretamente sobre esta práctica en la planta que la cementera Cemex posee en Buñol. ¿Cual es la situación actual al respecto?
— RESPUESTA: Básicamente de lo que se trata es de que estamos en una situación de renovación de la autorización Ambiental Integrada (AAI) para Cemex; que es algo que se arrastra desde hace muchísimos años que tendría que estar lista y definida desde hace ya más de cinco años y que ha estado durmiendo en los cajones de la Administración durante todo este tiempo. Previamente además se han hecho muchas de las modificaciones sobre una Autorización que estaba ya muy anticuada, lo que permitía que esas modificaciones no fueran una decisión global. Esta nueva AAI sí que va a tener ese objetivo, esa dirección clara. Nosotros lo que sí tenemos es la voluntad de reducir al máximo todo lo que son componentes tóxicos y peligrosos que se incineran en Buñol. Nosotros, desde la Conselleria estamos en contra de las incineradoras y hemos parado el proyecto que tenía el Partido Popular de hacer incineradoras como manera de resolver el problema de los residuos. Estamos en contra también de incineradoras en B, es decir, empresas que no lo son pero que actúan como tal. Pero tenemos esta realidad y tenemos una AAI que se debe de renovar donde vamos a proponer que se reduzcan todo lo que son residuos tóxicos hasta hacerlos desaparecer; es decir que no se puedan incinerar tóxicos en Cemex y los que son peligrosos se reduzcan tanto como sea posible
— Usted ha dicho que no es un proceso inmediato, que requiere de un cierto tiempo, ¿cuánto?
— En esta AAI lo que nosotros consideramos es que ya estamos en compromisos de reducción muy importantes: de toda una serie de códigos de residuos tóxicos que ya van a dejar de incinerarse en Buñol. Estamos hablando del 70 o el 80 por ciento del tipo de residuos que se van a incinerar y que son los de mayor contenido tóxico, los más peligrosos, y eso ya está claro que se va a reducir. Nosotros, en las alegaciones que se han presentado por parte de Ayuntamientos y organizaciones ecologistas, vamos a considerar la inmensa mayoría de las alegaciones que se han planteado. Y yo digo que no es un proceso cerrado, que está en marcha, porque además de lo que hemos llegado ya a aceptar y a reducir los peligrosos y eliminar los residuos tóxicos, vamos a ir más allá todavía en ser más precavidos en el tema de las reducciones.
— Sí, pero si hubiera que hablar de plazos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De que el proceso va a durar un año, dos años…? ¿Se necesita otra legislatura?
— Bueno, llevo poco en esto pero he aprendido que hablar de plazos en política es una garantía absoluta de equivocación siempre, porque dices un plazo y luego ese plazo tiende a no cumplirse. Porque en procesos de negociación y de debate siempre se alargan además de todos los procesos administrativos que también son especialmente largos. Pero nosotros consideramos que la decisión final sobre la nueva AAI tiene que estar cerrada antes del verano del año que viene. Tenemos todo este tiempo para hacer este proceso: ahora vamos a resolver las alegaciones que se van a presentar al primer borrador por parte de la Conselleria. Estamos en esa fase de reducción muy importante de los códigos con la reducción de los peligrosos y vamos a eliminar absolutamente los tóxicos. Luego se presentará otro borrador al cual se volverá a poder plantear nuevas alegaciones.
— No obstante, desde los grupos ecologistas han mostrado su desacuerdo con la velocidad con la que se está llevando el proceso. Ellos han exigido a la Administración que tomase medidas para paralizar de inmediato, o al menos lo más rápidamente posible, el proceso de incineración en empresas como Cemex, una cementera reconvertida en incineradora. ¿Qué nos puede decir al respecto?
— La petición concreta ahora mismo es que desaparezcan los residuos tóxicos y peligrosos. Pero tengo que recordar que lo que son residuos no peligrosos, la alternativa es la utilización de coque de petróleo, que sería la versión peor de lo que es el petróleo, por tanto la más contaminante y la que más molestias puede causar a la ciudadanía. Y esa es la realidad. Es decir: la cementara de Cemex está en Buñol y no la hemos puesto nosotros. Lo que se nos pide en la AAI es reducir los peligrosos a cero y los vamos a reducir, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y los peligrosos vamos a llevarlos hasta el máximo. Y luego la segunda parte, que desapareciera la incineración en las cementeras, ya hemos dicho que el PP tenía un proyecto de construcción de incineradoras como manera de gestionar los residuos; y esa no es nuestra vía. Nuestra vía pasa por la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclaje. E incluso defendemos los vertederos antes que la incineración. Pero la realidad que tenemos es que hay unas incineradoras que queman residuos y esa es la vía por la que hace muchos años se han quemado muchos residuos aquí. Nosotros no nos podemos comprometer a eliminar ese proceso aunque nos gustaría, es evidente, porque la gestión de las miles de toneladas de residuos que generan los ciudadanos, nuestras empresas se tienen que gestionar de alguna manera. Y nosotros en este momento no tenemos instalaciones para gestionarlos de otra manera, aunque nos gustaría tenerlas. Pero el volumen de residuos que se incinera en estos momentos en la cementera de Buñol no tenemos otras instalaciones donde llevarlos. El proceso es lento de construcción de instalaciones y antes incluso de otra manera de gestionar los residuos. Entonces, cuando todo este proceso se consiga tendremos que acabar con las incineradoras en B que suponen las cementeras.
— Los ecologistas han mostrado también su recelo acerca de los datos sobre las emisiones. Las han puesto en tela de juicio y han entrado en conflicto con la empresa que siempre ha asegurado que ellos están dentro de los límites legales y, a su juicio, salubres. ¿Coincide, desde la Administración, en que esto es así?
— De cara al proceso de cambio que significa la nueva Autorización Ambiental Integrada, vamos a multiplicar por cuatro los controles que se van a hacer. Se van a hacer controles, digamos, en directo desde instalaciones de los distintos Ayuntamientos, que podrán estar conectados en directo a cuales son los resultados de las emisiones. Vamos a instalar controles no sólo en Buñol sino también en otros puntos de la comarca. Se van a poner en marcha instalaciones móviles para hacer ese control. Y se va a potenciar que desde Sanidad se haga un control exhaustivo a nivel de estudios del peligro que puede representar este tipo de actividad para la salud de las personas. Disponemos de muchos trabajos en este sentido, pero siempre se generan dudas respecto a la afectación. No tenemos que olvidar que estamos hablando de una empresa que tiene una actividad que es indiscutiblemente contaminante, igual que lo son los coches y otras muchas actividades que se desarrollan en nuestro ecosistema, en nuestras ciudades y pueblos. Y por tanto es evidente que como otras tantas actividades tiene una repercusión negativa en la salud. Esto nosotros lo sabemos y lo que vamos a hacer es extremar los controles para que nos puedan servir también para ir incrementando todas las garantías. Eso también está en la AAI que se pretende renovar. Y el incremento va a ser absolutamente indiscutible en cuanto a control, pero claro, eso tampoco nos va a ofrecer resultados de un día para otro. Pero sí como mínimo para algo que a mí me parece fundamental, que es el tema de la transparencia en la información. Es decir, no vamos a resolver de una manera absoluta las cuestiones que preocupan a los colectivos ecologistas y a la propia Administración; como no podemos resolver de un día para otro la afectación que tiene en las ciudades el tráfico rodado. Pero sí que vamos a poder ampliar muchísimo el control y por tanto la transparencia y la capacidad de intervenir y de participar de la gente.
— ¿Cree por tanto que reuniones como la que se ha desarrollado en Godelleta donde han estado confrontadas las posturas de organizaciones ecologistas, empresa y Administración sirven para algo? ¿Cree que realizar más reuniones de este tipo son positivas para llegar a algún punto de acuerdo en la problemática?
— Yo creo que son absolutamente imprescindibles. Yo apuesto de una manera decidida por juntarnos los que pensamos de una manera diferente, los que tenemos distintas posiciones y planteamientos. Y en este caso, la Administración es la que tiene que velar por el cumplimiento de la Ley y hacer de árbitro entre determinadas posiciones y, sobre todo, la que tiene que aplicar las líneas políticas que nosotros defendemos cuando nos presentamos a unas elecciones. Cuando todo esto lo unimos sólo pueden salir cosas positivas. Y en la reunión de Godelleta se ha visto que hay posiciones muy enfrentadas, de mucho tiempo, muy enquistadas, de relaciones desde el recelo y la desconfianza; incluso desde la animadversión. Pero negar eso es esconder la cabeza bajo el ala. Yo creo que poner esto de manifiesto es la manera de intentar sensibilizar a los distintos agentes de que se tienen que buscar soluciones que no satisfagan absolutamente a nadie de manera total, pero que sí sirvan para buscar posiciones que significan mejorar en el fondo. Porque se ha dicho que la presión social es la que puede permitir que el control sobre las empresas se haga de una manera muchísimo más efectiva y al mismo tiempo puede facilitar que las empresas tomen medidas que para ellos sea avanzar en esas cosas que se les está reclamando. Y eso, aunque pueda parecer que a las empresas les puede perjudicar en un primer momento, porque les puede suponer más controles y determinados gastos en tomar medidas; eso a medio plazo para la empresa es positivo. Porque para la empresa desde la confrontación lo único que va a conseguir es que en un momento determinado se rompa la baraja y acaben teniendo una contestación popular que acabe afectando todavía más a sus cuentas de resultados. Con lo cual creo que estas reuniones son absolutamente positivas aunque siempre están cargadas de recelos, de animadversión o de críticas cruzadas. — Y en este contexto entre ecologistas y empresa, respecto al papel de la Administración, ¿hasta donde puede llegar hoy en día para contentar a unos y no descontentar a otros?— Yo creo que nosotros debemos de llegar al máximo que podamos en temas medioambientales. Nosotros creemos que en el punto en el que estamos ya, hemos avanzado muchos respecto a lo que era la Autorización Ambiental Integrada vigente. Se ha avanzado muchísimo.
— Cuando dice que se ha avanzado muchísimo, ¿a qué se refiere exactamente?
— Pues que sobre lo que eran posibilidades que tenía Cemex de trabajar con mínimos controles, se han intensificado mucho. Lo que debe de revertir obligatoriamente en mejoras para la salud de las personas y el medio ambiente. Nosotros nos tenemos que ganar la credibilidad, porque es evidente que en la comarca hay muchísima desconfianza respecto a lo que hace Cemex. Y sobre todo la hay en los sectores más concienciados de los efectos contaminantes de Cemex.
— Los ecologistas siempre destacan que entre las empresas más contaminantes están las cementeras, independientemente de lo que quemen, ¿no?
— Sí, sí. Es evidente.
— ¿Ese recelo no es injustificado entonces?
— No, está absolutamente justificado. Igual que es también muy justificado el recelo de que la Administración ha estado siempre más cerca de los poderosos, en el sentido de las grandes empresas, que no de los colectivos sociales de base. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es ser capaces de revertir eso. Para nosotros lo primero es la salud de las personas y el medio ambiente. Y no es la salud de las personas y el medio ambiente el que se tiene que adaptar a las condiciones de negocio de las empresas, sino que son las condiciones de negocio de las empresas las que se tienen que adaptar al medio ambiente y a la salud de las personas. Lo que sucede es que estas cuestiones se realizan a través de un proceso y no se pueden hacer determinadas cosas por decreto porque siempre se estarían generando unas tensiones sociales, económicas y políticas, que irían en detrimento de la propia decisión. Nosotros no podemos dar un puñetazo encima de la mesa y decir que se acaba la incineración en Cemex porque no tenemos donde llevar eso. Ni nosotros podemos decir cerramos Cemex porque hay una actividad socioeconómica que está en la base de la comarca. Todo es un proceso más lento. Y estas reuniones son las que nos conducen por este proceso. Creo que las debemos de repetir y hacer muchas más.Y tenemos que tomar decisiones que, seguramente, no van a hacer absolutamente feliz a nadie pero tenemos que ser capaces de encontrar un punto en el que todo el mundo se dé cuenta de que se ha mejorado; de que todo el mundo está un poco, o un mucho, mejor de lo que estaba antes. Y que este proceso de mejoras medioambientales lo hemos de continuar. Nosotros, en la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente lo tenemos clarísimo. Y creo que hemos tomado ya muchas decisiones en muchos campos en la Secretaría de Medio Ambiente que demuestran que estamos dispuestos a coger el toro por los cuernos y tomar medidas en favor del medio ambiente y de la salud de las personas.
— Por lo tanto, ¿el compromiso de la Administración existe pero piden más tiempo?
— Nosotros no estamos en condiciones de pedir nada. Nosotros vamos a adecuar las posibilidades que tenemos desde la voluntad política de mejorar las condiciones medioambientales y hacerlo según las necesidades de las personas, pero también de una forma adecuada a los procesos administrativos y políticos. Yo lo que quiero es no dar ni un sólo paso atrás. Y si podemos dar ocho pasos adelante que demos ocho pasos y no siete. Aunque nos gustaría a todos dar quince. Pero después de los ocho primeros, ya sólo nos faltarán siete. Y esos siete serán más fáciles de dar en un futuro. Que tampoco tiene que ser en un futuro lejano, sino en un futuro inmediato. Pero en política, aunque muchas veces nos gustaría, el camino más corto entre dos puntos no siempre es la línea recta.
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