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Una moción impulsada por Ens Uneix en el pleno provincial y defendida por la vicepresidenta de la Diputación pide modificar la ley de contratos públicos para facilitar las obras de reconstrucción con mecanismos de emergencia.
“Es una situación injustificable que los ayuntamientos tengan los recursos económicos pero no puedan ejecutarlos por trabas administrativas. Hay que actuar con medidas excepcionales como en la pandemia”, considera Enguix.
Alcaldes y alcaldesas tienen previsto acudir al pleno provincial de este martes para sumarse a la reivindicación expuesta por la vicepresidenta.
En un pleno de abril que llega cargado de nuevas inversiones en las comarcas valencianas, una de las propuestas más destacadas que se someterá a debate este martes es la que insta al Gobierno de España a modificar la Ley de Contratos del Sector Público y suspender temporalmente las reglas fiscales para los municipios afectados por la dana. Alcaldes y alcaldesas de la provincia tienen previsto asistir a una sesión plenaria en la que la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, tratará de sumar apoyos para reactivar la contratación de emergencia durante el tiempo que dure la reconstrucción.
Enguix defenderá la moción impulsada por Ens Uneix, que se basa en “una de las mayores catástrofes naturales recientes en España, con importantes daños en infraestructuras hídricas, viarias, servicios urbanos y equipamientos públicos”. Superada una primera fase de respuesta inmediata, donde los contratos de emergencia permitieron actuar con rapidez para restablecer servicios básicos y garantizar la seguridad de la población, “la realidad es que estamos en una fase de reconstrucción a medio y largo plazo en la que los pueblos afectados sufren retrasos en la ejecución de obras por la vuelta a la burocracia y los procedimientos ordinarios, un grave problema que, junto a la falta de personal técnico, ralentiza la vuelta a la normalidad”.
En opinión de la vicepresidenta Enguix, que cuenta con el respaldo del presidente Mompó y el equipo de gobierno a la hora de llevar la propuesta a pleno, “es una situación difícilmente justificable que los ayuntamientos tengan recursos económicos disponibles, entre ellos los propios fondos destinados a la reconstrucción por el Gobierno, y que no tengan capacidad efectiva para ejecutarlos”. En este sentido, la responsable provincial lamenta que el marco jurídico actual “no reconoce esa emergencia que sigue existiendo, con cargas burocráticas y limitaciones legales que no responden a las necesidades de los municipios”.
La propuesta
Natàlia Enguix recuerda que durante la pandemia de la Covid-19, y también a raíz de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, “estas reglas fiscales se suspendieron para dar mayor agilidad a los procedimientos”. La vicepresidenta considera “coherente y jurídicamente viable aplicar un criterio similar ante una catástrofe natural de gran magnitud como ha sido la dana”, y para ello pone como ejemplo los marcos normativos de países como Francia, Italia y Alemania, que permiten “extender los mecanismos excepcionales durante la fase de reconstrucción”.
La propuesta del equipo de gobierno provincial para facilitar a los ayuntamientos afectados el proceso de reconstrucción post dana se centra en la suspensión temporal de las reglas fiscales de la ley orgánica 2/2012, y en la modificación de la ley 9/2017 de contratación pública, para permitir esa prolongación de los contratos de emergencia durante la fase de reconstrucción. Mientras se tramita la reforma de la ley, la moción que se debatirá este martes en el pleno reclama la reactivación inmediata y transitoria de los mecanismos de contratación de emergencia para los municipios de la dana.
La Diputación lideró esa respuesta inmediata a los municipios afectados con importantes actuaciones en infraestructuras y servicios de primera necesidad como el ciclo del agua, interviniendo en la resolución de problemas en los que no tenía una competencia directa, caso de la limpieza de lodos en los garajes y sótanos. La corporación activó una inversión extraordinaria por encima de los 100 millones de euros para cubrir la respuesta inmediata y puso sus recursos a disposición de todos los municipios afectados, incluidos aquellos que no fueron reconocidos en el listado estatal. Como muestra, las ayudas para la contratación de personal técnico dirigida a agilizar la reconstrucción.
Una vez cubiertas las necesidades inmediatas, desde la corporación tienen claro que la emergencia persiste y que ahora toca adaptar la ley y flexibilizar las medidas para que los ayuntamientos afectados puedan agilizar el proceso de reconstrucción. “El reto es recuperar lo más pronto posible las condiciones de vida que disfrutaban sus vecinas y vecinos antes de la catástrofe natural del 29 de octubre de 2024”, concluye Enguix.
