Ciudadanía por Buñol le recuerda al PSOE que Masmano «fue expulsado del Consejo de Buinsa en 1991 siendo alcalde Perelló»

Una vez sobre pasado el ecuador de la legislatura, el colectivo Ciudadanía por Buñol sigue sin entender «el incondicional apoyo», según afirman, que el Partido Socialista presta al alcalde de la localidad, Joaquín Masmano (EU), «un veterano político al que esta misma formación política consideró poco honorable en el pasado, hasta el punto de expulsarlo del Consejo de Administración de Buinsa en noviembre del año 1991, siendo alcalde el ahora eurodiputado, Andrés Perelló», tal como han recordado desde Ciudadanía en la edición impresa de este semanario.
Como se recoge en las actas del pleno de la empresa pública Buinsa que han sido facilitadas por Ciudadanía, Masmano «disuadió al Consejo de Administración de Buinsa para que no concurriera a la subasta de compra del inmueble en el que ahora se ubica el sindicato Comisiones Obreras, en la Avenida Pérez Galdós número 4, una infraestructura en la que se ubicaba entonces Muebles Paredes y que a día de hoy sigue siendo propiedad del alcalde. Pero lo más grave, como dijo en su día el Partido Socialista, no es que se convenciera a los integrantes de Buinsa para que no se concurriera a la subasta, sino que posteriormente Masmano acudiera a la misma a título individual y se hiciera con la propiedad del citado inmueble».
En la junta de Buinsa en la que se abordó la cuestión, desde las filas del PSOE no se dudó de la legalidad de esta acción, aunque se consideró probado que Masmano hizo «uso de la fuerza representativa que le daba ser vicepresidente de Buinsa y contar con mayoría en el consejo para hacer prevalecer el interés privado sobre el público». Además, los socialistas trataron de desmarcarse entonces de toda relación con el actual alcalde al no querer ser partícipes ante la opinión pública «de actitudes que pueden poner en entredicho la honorabilidad de quienes pertenecemos a la empresa como accionistas o miembros del Consejo de Administración», según dijeron.
Como se ha puntualizado desde Ciudadanía, «por estas mismas fechas (1991) el Partido Socialista insistió en que, independientemente de las cuestiones legales, se debía mantener cierta delicadeza en las actitudes para evitar que la opinión pública pueda confundirse. Además, no se dudó en calificar la acción como errónea, sorprendiéndoles que Masmano no considerara la adquisición del inmueble bueno para la sociedad y sí para sus intereses particulares. Hecha esta aclaración, no es entendible que la misma formación que en su día se desmarcó de una actitud que calificaron como ‘poco honorable’ siga apoyando al alcalde en todas y cada una de sus acciones. No sólo le han permitido incumplir su programa electoral, sino hacer oídos sordos al referéndum sobre el paso a nivel y crear un clima político insostenible que roza la violencia, todo esto sin aportarse soluciones a los verdaderos problemas que afectan a la población».
Para Ciudadanía por Buñol, la acción protagonizada por Joaquín Masmano «le debería haber inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público o para representar a Buñol, sobre todo como máximo responsable del gobierno».
Abundando en el asunto, desde Ciudadanía por Buñol se ha llamado la atención sobre «la pasividad mostrada por Mª Ángeles Llorente, Marga Sanz y Cayo Lara, responsables todos ellos de la coalición Esquerra Unida en cada uno de sus ámbitos. Ninguno de ellos está legitimado a estas alturas para exigir un comportamiento ético cuando están consintiendo la continuidad del alcalde a pesar de todas las barbaridades que está cometiendo. La situación ha llegado a un punto en el que nos estamos cuestionando incluso la asistencia a los plenos», tal como han apostillado desde el citado colectivo buñolense.

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