El ex alcalde de Buñol, Fernando Giraldós (PSOE), reaparece para que se reconozca su trabajo en el PGOU

Como adelantó este semanario en su edición impresa, el ex alcalde de Buñol, Fernando Giraldós (PSOE), reapareció en la vida política local durante el transcurso del último pleno ordinario celebrado en el consistorio. Y lo hizo en el turno de ruegos y preguntas para «felicitar públicamente» —aunque con cierto aire reivindicativo e irónico— al alcalde de la localidad, Joaquín Masmano, «por escribir el epílogo del gran libro del PGOU», según dijo.
«Nunca un papel tan pequeño dio un mérito tan grande», le dijo Giraldós a su sucesor, a lo que añadió la necesidad de que en el futuro se recuerde «todo lo que ha ocurrido en torno al Plan General».
«Es importante decir que ha habido impedimentos para que se aprobara y que este ha sido un proceso con varias partes: una de ellas el momento en el que se inició, su posterior desarrollo y otra en la que hubo impedimentos para que se aprobara», afirmó el ex alcalde socialista, quien recordó ante la actual corporación municipal parte de las reuniones mantenidas con los responsables del gobierno valenciano para que se acelerara este largo y tedioso proceso. Para Giraldós, lo que hizo «fue una obligación y no un mérito», afirmación que contrastó con la de quienes se han adjudicado «gran parte del mérito en la aprobación definitiva del Plan», según dijo.
Antes de la inesperada intervención de Fernando Giraldós, el plenario dio el apoyo unánime al inicio de los contactos con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), a fin de que sus profesionales presten servicios de intermediación hipotecaria y de asesoramiento en relación a la protección de deudores hipotecarios sin recursos.
En este punto, el portavoz del PP local, Marcial Díaz, sugirió al defensor de la propuesta, el edil de Izquierda Alternativa (IA), José Luis Carrascosa, que en lo sucesivo «vaya al pleno con los deberes hechos y no para pedir permiso al resto de concejales para hablar con el ICAV». En este punto, le recordó que si se hubiese informado sabría «que el Ilustre Colegio de Abogados cobra por este concepto 500 euros mensuales, necesitando, además, de personal del consistorio para que se le lleve la agenda».
Carrascosa , por su parte, acusó al PP de intentar «desviar la atención» sobre lo importante e insistió en que no le constaba que en el convenio se recoja pago alguno por la prestación de este servicio. Por último, agradeció, con cierto aire irónico, la mano tendida de los populares, «pues toda ayuda es buena».
Otro de los puntos destacados fue el referido a los desahucios, cuestión que todos los partidos dieron el visto bueno a la propuesta del PSOE para que se revisen las condiciones y los términos legales que afectan a quienes no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.