El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de La Pobla (PP) «anula 38.000 euros en multas de tráfico»

Los socialistas han hecho esta denuncia pública.
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El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado que el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, «ha anulado el cobro de 38.000 euros correspondientes a las multas de tráfico y circulación durante el año 2013 después de que los conductores interpusieran diversos recursos contra las citadas sanciones económicas».

Según los socialistas, «el montante global de las multas impuestas durante el pasado ejercicio ascendió a 145.000 euros de los que hay que descontar los 38.000 euros correspondientes a los recursos de los conductores. Por tanto, el importe que las arcas municipales ingresarán es de 107.000 euros. Sin embargo, sólo se han ingresado hasta el momento un total de 29.677 euros ya que los restantes 77.000 euros todavía no se han cobrado».

El PSPV ha añadido que los 77.000 euros restantes pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento de la Pobla «será difícil que se ingresen en las arcas públicas porque muchas de esas sanciones prescriben a los 6 meses, otros sancionados viven en otros municipios y el consistorio no tiene competencias y el resto de conductores se niegan a pagar; además, la gestión del equipo de gobierno no es la correcta ya que muchas de las sanciones se han recurrido y se han estimado esas alegaciones, por tanto, el consistorio ha fallado».

El grupo socialista considera que la imposición de multas «no son, en absoluto, disuasorias para los infractores si tenemos en cuenta un porcentaje tan escaso de cobro ya que si se alegan con tanta facilidad o bien es porque se han cursado incorrectamente o porque existe una red de compadreo que permite anular estas multas y, por tanto, la autoridad queda en entredicho».

El PSPV reclama una mayor innovación y alternativas «a las multas convencionales ya que se ha comprobado que no cumplen el papel buscado, las medidas coercitivas basadas en la recaudación son injustas ya que no repercuten a todo el mundo igual según el nivel de renta de cada persona; por todo ello, habría que cambiar la legislación con otras fórmulas reeducativas».

 

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