El ultimátum para abandonar la vivienda expira el próximo martes 8 de abril cuando el trabajador y el resto de su familia deberán buscar un nuevo cobijo en pleno curso escolar con dos niñas inscritas en el propio colegio. Previamente, anteayer lunes finalizó su relación laboral con el ayuntamiento después de que éste decidiese en sesión plenaria amortizar la plaza por razones económicas.
El PSPV ha criticado la «drástica» decisión adoptada por el gobierno del PP «con un desprecio absoluto y una nula sensibilidad hacia una familia en la que hay dos menores que están inmersas en pleno curso escolar y cuya buena marcha se puede ver alterada por un capricho de la alcaldesa y su equipo de gobierno que ha demostrado, una vez más, su pésima gestión en el ayuntamiento».
Antonio Tapia ha sido el conserje del colegio Verge del Fonament desde el año 2003 y hasta la amortización de su plaza decretada por el pleno de Benissanó. Casado y padre de dos hijas de 10 años escolarizadas en el centro, se ha visto despojado de su empleo con carácter de interinidad y de la vivienda en el plazo de poco más de tres meses sin apenas tiempo de buscar un nuevo camino.
«No tengo alternativas, no tengo más vivienda que ésta ni más trabajo que el de conserje, de la noche a la mañana me veo en la calle, con un triste panorama ante una decisión deliberada, adoptada sin justificación y con muy mala fe», ha declarado Tapia.
El conserje ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo al entender que en su primer contrato con el ayuntamiento existieron diversas irregularidades como que en su trabajo realizaba más tareas que las contenidas en el mismo o que las funciones de los conserjes «no pueden ser asumidas por los empleados de otros centros -como se pretende hacer- pues en ese caso el consistorio incumpliría su deber de cooperar, vigilar y mantener los centros educativos».
Tapia entiende, en su recurso, que el plazo fijado de una semana para desalojar la vivienda contraviene «la legalidad establecida para las viviendas de conserjes de centros escolares; es evidente que el desalojo, mudanza y una vivienda en alquiler suponen un gasto considerable que, en caso de que se estimara la demanda por despido, tendría que asumir este ayuntamiento por el perjuicio ocasionado». Además, en el escrito se manifiesta que el consistorio de Benissanó ha denegado también el derecho del conserje a disponer de 6 horas semanales para la búsqueda de empleo, motivo por el cual se ha formulado denuncia ante la Magistratura de Trabajo.
El artículo 283 de la ley de procedimiento laboral establece que sólo se puede acodar el desalojo de la vivienda cuando existe una sentencia de despido firme, situación que todavía no se ha producido ya que el juicio pendiente entre el conserje y el ayuntamiento ha quedado fijado para el 29 de enero de 2015, con lo cual este hecho permite al conserje -según la legislación vigente- continuar utilizando la vivienda como ha venido haciendo hasta ahora.
Por último, el conserje se lamenta de que «han intentado cargarse la ilusión de una familia, de unas hijas nacidas en Benissanó, con unos lazos de unión y amistad profundas con este municipio hasta el punto de despojarme de un puesto de trabajo y de una vivienda que hemos utilizado durante más de 10 años» pero advierte de que el equipo de gobierno «no podrá con nuestra dignidad».
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