El PSPV Llíria afirma que la división interna del PP ha condicionado el fracaso de un polígono

Sigue pendiente el desarrollo del polígono. tc.c

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El PSPV de Llíria ha denunciado el espectáculo «grotesco» y «chabacano» protagonizado por el alcalde de la localidad, Manuel Izquierdo, y la concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, ambos del Partido Popular, a raíz del cobro de la tercera cuota económica urbanística del sector ST1 de la ciudad edetana valorada en alrededor de 700.000 euros y que ha sido anulado por un juzgado.

El grupo socialista de Llíria ha atribuido a las diferencias en el seno del Partido Popular y a las «luchas intestinas» por liderar la lista municipal «el desbarajuste y la desorganización que se vive actualmente en el ayuntamiento y que priva a la ciudad de perfilar un modelo urbanístico adecuado a las necesidades y posibilidades reales acordes al potencial existente».

El PSPV considera que esas «luchas fratricidas» se han evidenciado con el choque vivido entre el alcalde y la concejala «aspirante a ocupar su puesto» en el desarrollo y ejecución de este plan urbanístico situado en la entrada este del término municipal. El desbarajuste se materializó en el año 2011 cuando el cobro de la tercera cuota de este plan se suscribió a través de un decreto de alcaldía en lugar de la firma de la concejala de urbanismo, titular de esta competencia.

El portavoz municipal del PSPV de Llíria, José Luis Pérez, ha subrayado que los propietarios de los terrenos afectados por el PAI «son al final los grandes perjudicados por la mala gestión urbanística que ha llevado a cabo este equipo de gobierno más pendiente de esquilmar los depauperados bolsillos de los ciudadanos que de desarrollar la ciudad de acuerdo a un plan previamente establecido y de acuerdo a las necesidades urbanísticas de nuestra ciudad».

Pérez ha añadido que este programa «ha sido la sentencia de muerte para numerosas empresas que se han visto abocados al cierre por su imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas urbanísticas, aunque a la vista de los hechos al alcalde y a la concejala les importa bien poco».

El PSPV también ha solicitado al alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, que asuma las responsabilidades políticas derivadas de la sentencia del juzgado de lo social número 12 de Valencia que ha condenado al consistorio a readmitir al jefe del prensa y protocolo al que despidió en julio de 2013 y que le obliga, a la sazón, a pagarle los salarios que el citado trabajador dejó de percibir a lo largo del periodo de tiempo, alrededor de 22.000 euros en total. La sentencia sostiene que el alcalde vulneró derechos fundamentales del trabajador en su despido.

«Es necesario que el alcalde y su equipo de gobierno asuman el coste que para las arcas públicas se derivan de su gestión incorrecta en materia de personal por las repetidas sentencias en contra a lo largo de los últimos meses y por su desastrosa gestión al frente del área de urbanismo, con familias que no pueden pagar ni las cuotas urbanísticas, con terrenos, viviendas y sueldos embargados», ha señalado el portavoz socialista, José Luis Pérez.

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