El Síndic de Comptes investiga el destino de 25 millones que el Valencia entregó a Riba-roja por el convenio del PAI de Porxinos

El organismo fiscalizador reclama información sobre los contratos públicos.
El organismo fiscalizador reclama información sobre los contratos públicos.
El organismo fiscalizador reclama información sobre los contratos públicos.
El organismo fiscalizador reclama información sobre los contratos públicos.

Tal como ha informado el Ayuntamiento de la localidad, el Síndic de Comptes ha iniciado una investigación para analizar todos los documentos referentes al convenio entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Valencia sobre el programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos que preveía la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre una zona de 1’2 millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable.

Las investigaciones del máximo órgano de fiscalización valenciano se centran en los 25 millones de euros que la empresa Litoral del Este -auspiciada por el equipo de fútbol- concedió al Ayuntamiento de Riba-roja a raíz del convenio suscrito entre ambas partes y que estaba destinado a sufragar diversas actuaciones municipales en la localidad como la rehabilitación del molino junto al río, la piscina y la llegada del metro subterráneo en el casco urbano y un nuevo centro de salud, si bien estos dos últimos proyectos nunca se llegaron a llevar a cabo.

La Síndicatura de Comptes ha reclamado al Ayuntamiento de Riba-roja el organigrama municipal del ejercicio de 2014, un inventario de todos los bienes municipales actualizado y la relación exhaustiva de todos los certificados de actas de los órganos de gobierno de la corporación de los ejercicios de los años 2014, 2015 y 2016 con el objetivo de analizar todos los movimientos que realizó el anterior gobierno del Partido  Popular que encabezaba el ex alcalde Francisco Tarazona.

El estudio y análisis de estos documentos se completa con todos los expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito de los presupuestos de 2014 y 2015, además de los expedientes de modificación presupuestaria de 2014 y, por último, la relación certificada de los gastos pendientes de contabilizar que no figuraran en los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados.

Entre la documentación reclamada figura también la relativa a los acuerdos entre el Valencia y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria relativa a las entidades bancarias con cuentas abiertas o con movimientos en el año 2014, así como la relación certificada de todos los contratos establecidos entre los años 2014 y 2015. La relación entre al consistorio y el Valencia, a través de la empresa Litoral del Este, es uno de los ejes estudiados por el organismo público.

Uno de los interrogantes que planea sobre el plan urbanístico es el destino de los 25 millones que la empresa promotora del proyecto concedió al Ayuntamiento de Riba-roja por la recalificación de los terrenos y que, en principio, debían destinarse a la piscina municipal, a la rehabilitación del molino junto al río Túria y, por últimos, otros dos proyectos como el metro subterráneo hasta el centro del casco urbano y la construcción de un nuevo centro de salud. Sin embargo, estos dos proyectos nunca se llevaron a cabo.

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