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Natalia Enguix asegura que el gobierno de Alzira argumenta una «falsa discriminación» para evitar asumir responsabilidades políticas.
El debate plenario de Alzira acredita que la Diputación ha incrementado las inversiones del Pla Obert un 13,26% y las ayudas de Memoria Democrática más de un 300%.
Ens Uneix denuncia que el gobierno de Alzira utilizó el pleno de este miércoles para intentar desviar la atención del caso de presunto acoso que continúa judicializado mediante dos reprobaciones políticas: una contra la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, bajo el argumento de una supuesta discriminación institucional hacia Alzira que quedó desmentida con los datos expuestos durante el debate; y otra contra la concejala Mar Chordá por solicitar información municipal y trasladar documentación a la Agencia Valenciana Antifraude.
Para la vicepresidenta primera de la Diputación y portavoz de Ens Uneix, Natalia Enguix, «este pleno ha dejado al descubierto las contradicciones del Gobierno de Alzira, que se reivindica feminista pero ha preferido reprobar a la víctima y también a quien decidió apoyarla antes que asumir ninguna responsabilidad política respecto a un concejal investigado por presunto acoso, del que depende la continuidad del actual gobierno municipal». Enguix ha insistido en que «los argumentos que se están utilizando no son más que falsedades porque desde la Diputación se ha incrementado la inversión en Alzira, y todo para no asumir responsabilidades políticas. No estamos ante un relato político ni una estrategia partidista, sino ante un caso que ha provocado un daño personal y psicológico real a la víctima».
Durante el debate de la moción contra la vicepresidenta, la concejala Mar Chordá afirmó que la iniciativa «no es procedente ni jurídica ni políticamente» y denunció que la moción «no acredita ninguna actuación concreta, personal y directa de Natalia Enguix que haya perjudicado a nuestra ciudad», y aseguró que «lo que realmente buscan con esta moción es atacar personalmente a la única mujer que les ha dejado en evidencia y ha desenmascarado su falso progresismo y su supuesta defensa de las mujeres».
Precisamente, uno de los principales argumentos de la moción de reprobación sostenía que Natalia Enguix había discriminado a Alzira en el reparto de recursos de la Diputación. Sin embargo, durante el debate plenario quedó acreditado que esa afirmación no se corresponde con los datos objetivos. Tal y como expuso Mar Chordá, el Plan de Inversiones de la Diputación ha incrementado la dotación para Alzira de los 2.712.507 euros de la legislatura 2019-2023 a los 3.072.191 euros del actual mandato, un 13,26% más. Igualmente, las ayudas de Memoria Democrática han pasado de 64.130 euros a 258.528 euros, lo que supone un incremento superior al 300%.
Asimismo, Mar Chordá recordó que no consta ninguna subvención nominativa denegada al Ayuntamiento de Alzira porque, sencillamente, no se ha presentado ninguna solicitud de esta naturaleza ante las delegaciones de la vicepresidencia. En la misma línea, cabe recordar que la Diputación de Valencia está impulsando el Plan de Oficinas Comarcales, que prevé la implantación de una sede comarcal en Alzira para acercar los servicios provinciales a la ciudadanía. Se trata de una iniciativa impulsada por la vicepresidenta Natalia Enguix y aprobada por el Pleno de la Diputación el pasado mes de marzo, que no contó con el apoyo del PSPV ni de Compromís, ya que ambos grupos se abstuvieron.
Para Ens Uneix, resulta difícil entender que los mismos partidos que ahora acusan a la vicepresidenta de discriminar a Alzira no apoyaran un proyecto que refuerza precisamente la presencia de la institución provincial en la ciudad. En este sentido, la formación considera que, antes de continuar acusando a Natalia Enguix de discriminar a Alzira, los dirigentes socialistas y de Compromís de la ciudad deberían pedir explicaciones a sus propios compañeros de partido en la Diputación.
Reprobación por acudir a Antifraude
Ens Uneix considera que esa misma estrategia quedó reflejada en la reprobación a la concejala Mar Chordá, aprobada también por PSPV, Compromís y UCIN. La moción sostiene que la edil ha realizado solicitudes de información sobre la actividad municipal y que ha remitido asuntos a la Agencia Valenciana Antifraude, actuaciones que el gobierno interpreta como un uso «interesado» de los mecanismos de control institucional y como una actuación obstruccionista para el funcionamiento del Ayuntamiento. Sin embargo, durante el debate plenario, Chordá defendió que solicitar expedientes y acudir a organismos como Antifraude o el Síndic de Greuges forma parte de las funciones de control atribuidas a cualquier representante público.
