«La Certificación de discapacidad no es más que un documento que certifica el grado de limitaciones que una persona (niño o adulto) padece para hacer las actividades diarias de la vida. Este documento ni añade ni quita nada que la persona no posea. Es un documento privado bajo tutela de la Ley de Protección de Datos, Derecho Constitucional y Civil de la persona», tal como ha manifestado Ana M. Barrero, la delegada en Macastre de ACEPI, la Asociación Cordobesa de Epilepsia y otras Enfermedades Afines.
«Sin este documento no podemos acceder a los derechos que derivan: prestaciones, deducciones del IRPF, reserva de plazas de escolares y de trabajo, reducciones de IVA, medicación, justicia gratuita, etc. Una persona con limitaciones necesita diariamente de una economía familiar fuerte y cuantiosa, puesto que tanto su rehabilitación como los productos socio-sanitarios que necesita para su evolución y accesibilidad no se contempla en toda su totalidad en el sistema de la seguridad social. Dependiendo de esta economía siempre será la evolución o el estado de la persona con diversidad e incluso de la familia. Sin contar que muy a menudo uno de sus progenitores no puede trabajar porque debe de estar accesible las 24 horas diarias por si surgen problemas o porque necesita de ese cuidado. Pensemos en un momento en las familias monoparentales y en las personas que no tienen apoyo familiar cómo pueden subsistir diariamente, cómo pueden mantenerse», han añadido desde ACEPI.
«Resulta más que irritante escuchar cómo se asesora, cómo aconsejan a una persona que está solicitando la valoración o la esté reclamando para que no lo haga, que no le pertenece o que simplemente la están pidiendo para tener un sueldo de por vida sin tener que trabajar. La paga no contributiva (a partir de 18 años) por discapacidad no limita el derecho al trabajo, a parte de que es compatible con éste siempre y cuando no superen las cantidades señaladas en Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo y Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, pero siempre se puede suspender o activar según los rendimientos anuales tanto personales como familiares».
«La paga no contributiva 367 ó 550 euros mensuales, según el 65 % ó 75 %, luego veríamos si por la Seguridad Social o por Bienestar Social, no creo que suponga una amenaza para ninguna persona que NO la necesite porque o bien puede trabajar, o bien porque su alto salario mensual no le permite distinguir que, aunque sea una miseria que ninguna persona puede vivir con dignidad con esa paga, para aquellas personas que la necesitan pueden pagar un alquiler, un recibo de luz, tener un poco de independencia económica que le hará valorarse un poco más».
Desde ACPI han alertado de que no debemos «caer en la prepotencia de conocer el Real Decreto de 1999 sobre las valoraciones de discapacidad y los derechos nacionales e internacionales sobre discapacidad que han sido conseguidos a base de mucho sufrimiento por personas que creyeron que el mundo podía cambiarse. Yo misma, tengo que consultar a los abogados con los que tenemos firmado acuerdo debido a la situación tan individualizada que se presenta en ocasiones. Actualmente son muchas las asociaciones que están denunciando continuamente las valoraciones de discapacidad emitidas por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, siendo éstas no a derecho, por debajo de lo que les corresponde para evitar así que las personas gocen de los derechos que le corresponden por ley».
«Nuestra asociación es una asociación más que se une a la lucha, a esa falsa esperanza que algunos llaman, para que las personas puedan obtener los beneficios en toda su amplitud. Por esto, se creó su delegación en Macastre (despacho los martes en el Ayuntamiento de Macastre), para poder ayudar y beneficiar a los ciudadanos de la Hoya de Buñol. Pensamos que el derecho de la calidad de defensa nunca debe de ser interferido por distancias y poder adquisitivo», tal como ha finalizado Ana M. Barrero.
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