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«Las últimas declaraciones del President de la Generalitat, Ximo Puig, a los medios de comunicación, bajo la justificación de que estamos en una emergencia energética, nos preocupan profundamente y nos llevan a hacernos algunas preguntas y contextualizar la situación», han manifestado.
«Entre las afirmaciones del Sr. President, dice que hay que acelerar todos los procesos de renovables e intentar que se puedan producir estas nuevas plantas con la máxima rapidez. Hay 315 plantas en tramitación y 20 ya autorizadas. Queremos poner todo lo que esté de nuestra parte para superar los cuellos de botella que existen. Queremos aprobar un decreto ley la próxima semana y queremos también que el Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, que son muchas, sobre todo en temas medioambientales, actúe en consecuencia. Estamos en una emergencia».
«Anuncia nuevo decreto, pero “En cuanto a poner todo lo que esté en manos del Gobierno de la Generalitat” ¿Quiere decir el Sr. Pesident que ahora no lo están haciendo basándose en el Decreto que la propia Generalitat publicó en el 2021? ¿Y qué quiere decir cuando le pide al Gobierno del Estado que actúe en consecuencia en los temas ambientales ante la situación que declara de emergencia energética? ¿Está hablando de relajar la supervisión ambiental?, ¿Quiere decir que la tramitación de proyectos dejará de ser garantista? Atentos…»
«Se espera un nuevo decreto, y ¿qué pasará con el Decreto 14/2020 de 7 de agosto? que precisamente se denomina de medidas para acelerar la implantación de instalaciones por el aprovechamiento de las Energías Renovables por la emergencia climática y la reactivación económica. ¿Se ha demostrado insuficiente? ¿Se derogará? ¿Se limitará? En breve lo sabremos, aunque lo que parece es que se están dando patadas adelante, en base a emergencias, sin una hoja de ruta concreta y clara y sin una apuesta de futuro por la resiliencia y el beneficio de la sociedad valenciana en su conjunto, más allá de abrazar el clásico ideal neoliberal de poner fondos públicos a disposición de grupos inversores y grandes compañías con la »ilusión» que esta vez hagan negocio, pero sin «mangonear» demasiado.
Pero, ¿y si contextualizamos? ¿Quién ha generado el Cuello de Botella? El pasado 2019 el Parlamento Europeo decretó la emergencia climática y la reducción de emisiones para 2050, que solapada con la agenda 2030, y la obligación de los estados miembros a la transposición de los objetivos del Acuerdo de París, mediante leyes nacionales como el Plan Nacional integrado de Energía y Clima (PENIEC), y que junto con los fondos Next Generation de inversión pública, pusieron encima la mesa nueva normativa y enormes recursos económicos públicos para el desarrollo de las energías renovables (EERR) en todo el Estado. Las CCAA, por su parte, con cierta competencia, no escondida, para recaudar más fondo y tomar la delantera, elaboraron entre 2019 y 2020 los decretos ley propios.
El 2020 la Generalitat Valenciana publicó el Decreto Lay 14/2020, aprobado sin limitaciones en el Suelo no Urbanizable Común ni en algunos espacios protegidos, sin la colaboración de los ayuntamientos, sin Plan sectorial, sin estudios de potencial de generación en Suelo Urbano y Urbanizable, sin estudios de consumo y necesidades por comarcas o para la industria (al menos hechos públicos), sin participación pública, sin ordenación territorial, sin planificación…
Lo mismo pasó en el 2021 con el PNIEC a nivel del Estado, y es que, estas legislaciones con sus articulados han favorecido lo que se denomina el modelo centralizado, un modelo de grandes instalaciones, en manos de unas cuántas compañías y fondos inversores, proyectadas sobre suelos »económicos» rurales, que consumen gran cantidad de territorio y que se conectan directamente a la red de transporte de Red Eléctrica Española (REE), mediante extensos tendidos eléctricos, para la venta y consumo a largas distancias, incluso la exportación de la energía producida.
Por el contrario, a fecha de hoy seguimos sin una legislación concreta sobre las Comunidades Energéticas de Renovables (CER) y con muchas limitaciones y trabas al autoconsumo compartido (distancia, potencia,…) y que dificultan el desarrollo de lo que se denomina el modelo distribuido, aquel que se acerca a los lugares de consumo y de demanda, sobre suelos antropizados, que evita enormes tendidos eléctricos, con el ahorro directo en las facturas y que pone la producción de energía en manos de las personas, generando resiliencia futura y minimizando los impactos socio-ambientales. Una oportunidad histórica que nos brindan las renovables y que no podemos desaprovechar.
Si a esta legislación actual existente, que evidencia qué la apuesta es por el modelo centralizado, le añadimos la reserva de 12.600 millones € de los Fondos Next Generation, para financiar la implantación de energías renovables y la facilidad con que Red Eléctrica Española da derecho de conexión a los proyectos que tienen grandes recursos económicos detrás (grandes compañías y fondos inversores), y si además, le sumamos las declaraciones públicas del Sr. Ximo Puig, y del Director General de Transición Ecológica, Pedro Fresco, en cuánto que la Comunidad Valenciana tiene que convertirse en exportadora de energía a Europa (incluso a Rusia según el propio Fresco) asumiendo que será a expensas de otros sectores productivos y territorios de sacrificio… ¿Quién ha generado el Cuello de Botella?
Nos encontramos, así pues, con la avalancha actual de proyectos (300 según el propio Puig), todos ellos en el suelo barato en el rural, que tienen saturada la administración valenciana, que impiden el acceso a otros proyectos más pequeños y que favorecen la burbuja especulativa, de fondos inversores, que se está produciendo… y que son una amenaza real a la socio-economía valenciana presente y futura, todo en nombre de la emergencia energética.
Pero continúa, en sus declaraciones, diciendo que, »La gran ventaja de las renovables es que son reversibles. Se puede poner un parque eólico o fotovoltaico y si en unos años hay una fuente mejor, se puede reciclar y ese paisaje continuará como antes. Para superar las desigualdades, un elemento fundamental es tener garantizada la soberanía energética», »Siempre hay algún impacto en cualquier actividad humana. Hay que saber poner en la balanza en cada momento beneficios y perjuicios. Sobre el paisaje puede haber un impacto, pero puede generar muchos beneficios sociales al conjunto de la población.»
Desconocemos si es por ignorancia o intencionadamente, pero nos sorprende la ligereza con la que habla de la reversión de unas instalaciones que estarán más de 30 años sobre una enorme cantidad de hectáreas de tierras fértiles y en producción, que serán transformadas en suelo industrial con tratamientos de mantenimiento y que por lo tanto perderán su capacidad agrológica conseguida con generaciones y generaciones de esfuerzo, de cultivos y de cuidados. Sr. Puig, el paisaje es también el mosaico agrario valenciano, y es el que está en juego, el impacto ya sabemos dónde va y quien lo sufrirá. La balanza de beneficios para las empresas impulsoras y los perjuicios para los de siempre, el interior valenciano.
Y habla de soberanía energética, pero ¿qué soberanía es posible con ese modelo de concentración y control de la producción en manos de grandes compañías y fondos inversores, y con destino a la red de transporte? Ninguna soberanía, de nuevo seremos dependientes del mercado y de las necesidades del resto de Europa, ya lo anunciaron Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. Por el contrario, se le olvida al Sr. Puig una soberanía todavía más básica que la energética, que continúa en juego, muy maltratada, y que la emergencia energética pone también en peligro, y es, la soberanía alimentaria.
Para rematar las declaraciones, nos dice, »A todos nos gustaría que algunas de estas actuaciones se echaron de nuestro término, pero esto no es posible. Todo el mundo tiene que comprometerse», es decir, acusa a la gente que habitamos el mundo rural y las comarcas de interior valencianas del NYMBY (no en mi patio trasero), como si se tratara de una cuestión de egoísmo, con todas las deficiencias históricas sufridas y dificultades para desarrollar la vida y la economía en él. Es sorprendente a la vez que reprobable Sr. President, por lo que se lee, desprecia usted a una parte de los y las valencianas. Lo que no queremos para nosotros no lo queremos para nadie, repetimos que es una cuestión del modelo a desarrollar.
Se lo reclamamos, Señor Puig, urge una buena planificación y la implicación directa de las administraciones públicas en la promoción del modelo distribuido y en la producción de energía pública, repetimos que es una oportunidad histórica, esperamos de usted y de su Gobierno el anuncio de la creación de una Empresa Pública Valenciana para producir con EERR en beneficio de toda la sociedad (eso sí sería soberanía energética), o una iniciativa para impulsar directamente las CEL (Comunidades energéticas locales) en municipios pequeños desde las instituciones públicas (las Diputaciones por ejemplo), o la inmediata puesta al servicio de la producción renovable de las infraestructuras, aptas, de la Generalitat Valenciana … todo esto no es nada nuevo, ya está haciéndose en otras CCAA.
Pero, parece que la solución que se propondrá va en la dirección de suprimir todavía más las garantías sociales y ambientales y los derechos de la ciudadanía y de las entidades locales. Esperamos estar equivocados».
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