Tal como ha asegurado fuentes del Partido Popular de Chiva, el Juzgado Número 2 de Requena ha desestimado el recurso presentado por los demandados, «por lo que se inicia ahora un procedimiento que debe llevar a Morales (alcalde de Chiva) y a Fernando Casanova (concejal omnipresente) a declarar en los Juzgados por un presunto delito contra los trabajadores para dar cuenta de los motivos por los que la trabajadora fue vetada para desempeñar las funciones de asistencia sanitaria en los festejos del Torico de Chiva el pasado mes de agosto», según afirman desde el Partido Popular chivano.
«El pasado mes de agosto, el servicio sanitario de los festejos quedó adjudicado a ambulancias La Peña, y como en ocasiones anteriores, esta empresa designo a los trabajadores que en función de su experiencia en este tipo de actividades, mejor podían cubrir el servicio. Unos días antes de la celebración, los máximos responsables de la empresa de ambulancias recibieron la llamada del concejal (ahora en el gobierno) Fernando Casanova. En el transcurso de dicha llamada, tal y como se expone en la denuncia, Fernando Casanova se interesó por la identidad de las personas que iban a ser contratados para prestar el servicio, mostrando expresamente su negativa a que la doctora MCGR, prestara sus servicios, alegando el parentesco existente con una exconcejal del Partido Popular. Llegando la conversación, tal y como se insiste en la denuncia, a señalar que en caso de persistir la empresa en su negativa a sustituir a la trabajadora, ambulancias La Peña, no volvería a ser adjudicataria del servicio sanitario en cuestión», añaden desde el Partido Popular.
La profesional afectada por la medida entró en contacto con el actual alcalde, Emilio Morales (Compromis), exigiendo una explicación y la rectificación de una situación que a todas luces resultaba ilegal. «En la citada conversación, Morales reconoce no tener conocimiento de la situación detallada. No obstante, veinticuatro horas después, y a expensas del requerimiento de la doctora afectada por este supuesto caso de prevaricación, entra de nuevo en contacto con el actual alcalde, al objeto de exigir una explicación, siendo en ese momento cuando Morales reconoce a la afectada que se ha producido una reunión de los partidos en el gobierno para tratar el tema y en dicha reunión se ha acordado mantener la petición expresada por el concejal Casanova a los miembros de ambulancias la Peña», tal como explican los populares chivanos.
«En los días posteriores, la situación llega al extremo de llegar la afectada a buscar el amparo del Juez de Paz de la localidad, quien tras reunirse con el alcalde para tratar el extremo indicado, llega a señalar a la doctora que efectivamente, su sustitución de la lista de trabajadores se produce por decisión del equipo de gobierno por los motivos alegados a ambulancias La Peña. Ante la gravedad de esta situación, tanto el grupo Popular, como la profesional afectada, deciden emprender medidas judiciales contra Morales y Casanova, entendiendo que tras esta actuación se produce un claro delito de prevaricación, contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y contra el derecho de los trabajadores así como delitos cometidos por funcionarios públicos contra otros derechos fundamentales».
Para los populares, las declaraciones de Mireia Mollà hace sólo unos días, «suponen una muestra mas del doble rasero con que Compromis observa la realidad, tratando de imponer a los demás, aquellos que ellos mismos no son capaces ni siquiera de reconocer», finalizan los populares chivanos en su comunicado.
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