
La portavoz socialista Marta Ortiz defendió ambas propuestas, que previamente han tenido el respaldo del Consejo Agrario Municipal, aludiendo en la primera de ellas “reclamar al gobierno del estado español la aportación para el periodo 2014-2020 al menos con los mismos fondos para el Desarrollo Rural que aportó el anterior gobierno, es decir, un importe no inferior a 210 millones de euros”.
La segunda propuesta solicitaba ventajas aplicadas para las tarifas eléctricas del trabajo agrícola. Así el texto recoge entre otros puntos que el productor o comunidad de regantes “pague lo que realmente consume como potencia real registrada y no por la teórica contrastada, consiguiendo así acoplar consumo y gasto” además de solicitar “el IVA reducido en estas tarifas para la Comunidad de Regantes”.
Los ediles del PP, Bloc Compromis y Gent per Benifayó respaldaron ambas propuestas.
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