El PP de Ribarroja rechaza en pleno los recursos de los afectados por el PAI de Porxinos

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria rechazó este lunes, con los únicos votos del Partido Popular, los recursos interpuestos por algunos propietarios de terrenos incluidos en el programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos que les obliga a pagar cuantiosas hasta 47.000 euros en concepto de cuotas económicas derivadas de las obras de urbanización. El PSPV considera una «tropelía» la decisión que supondrá la ruina económica para muchos de esos afectados por un PAI que actualmente está paralizado.

El PP hizo valer su mayoría absoluta para desestimar las alegaciones presentadas por una docena de vecinos del PAI de Porxinos de Riba-roja en el que la promotora Litoral del Este -creada por el ex presidente del Valencia Juan Soler- pretendía construir 2.440 viviendas, chalés de lujo, un campo de golf y la ciudad deportiva del Valencia pero que a día de hoy está paralizada por el ayuntamiento después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano tumbase el plan urbanístico en abril de 2013.

El portavoz municipal del PSPV, Robert Raga, subraya la «nula conciencia social» del equipo de gobierno hacia los propietarios afectados «porque muchas de esas familias están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de una barbaridad urbanística que se aprobó con el objetivo de permitir un pelotazo urbanístico con el beneplácito del Partido Popular de Riba-roja ya que en su momento advertimos de que no beneficiará a los vecinos en ningún sentido».

La decisión adoptada ayer lunes supone, en la práctica, una ratificación del camino emprendido en 2005 cuando el consistorio dio luz verde al proyecto urbanístico y, de esta forma, los propietarios pagarán la denominada «cuota cero» en la que están incluidos los estudios previos a las obras de urbanización con la imposición de unas cuotas económicas que oscilan entre los 17.000 y los 47.000 euros para muchas de las familias afectadas de Riba-roja.
Robert Raga ha advertido de que el alcalde, Francisco Tarazona, del PP, puede incurrir en un presunto delito de prevaricación ya que considera que el Ayuntamiento de Riba-roja «no puede obligar a estos propietarios a pagar el proyecto de un PAI paralizado por la justicia, unas obras que a día de hoy todavía no han comenzado y con los dramas que se están viviendo en muchas familias por una decisión caprichosa y sin sentido».

El PSPV recuerda que en su momento se reclamó al equipo de gobierno la necesidad de realizar una provisión de fondos para el caso de que la justicia rechace, definitivamente, el proyecto urbanístico de Porxinos y la empresa promotora reclame los 20 millones de euros que entregó en su momento al Ayuntamiento de Riba-roja a cuenta de la aprobación del PAI. Además, se solicitó «máxima transparencia» e «información» ante posibles reuniones o conversaciones con los dirigentes del Valencia.

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