El PSPV de Llíria ha denunciado que el ayuntamiento de la localidad ha retirado la condición de agente urbanizador a la empresa encargada de llevar a cabo las obras de la unidad de ejecución UE14 al incumplir su obligación de realizar el proyecto. La retirada supone, también, la incautación del aval de 260.588 euros que la mercantil ingresó como garantía para acometer el proyecto urbanístico.
Se trata de la tercera ocasión en la que el consistorio edetano retira la condición de agente urbanizador a otras tantas empresas después de que ninguna de ellas haya llevado a cabo las citadas obras de urbanización en una unidad de ejecución destinada a área residencial. Sin embargo, a lo largo del periodo de tiempo legalmente establecido no se han llevado a cabo las obras previstas y se ha retirado la condición de urbanizador.
El origen de la UE14 de Llíria se remonta al año 2005 cuando se aprobó la ejecución del proyecto pero no fue hasta el año 2009 cuando se adjudicaron las obras que se iniciaron dos años más tarde y a los pocos meses se paralizaron por la falta de viabilidad de la adjudicataria para realizarlas. Desde entonces llevan paradas y ya han pasado hasta tres empresas. La grave crisis económica, la envergadura del proyecto y la situación financiera de las mercantiles beneficiarias son algunas de las causas que dan al traste con la urbanización de este sector, ubicado en el área este junto al casco urbano.
El portavoz municipal del PSPV, José Luis Pérez, ha manifestado que esta nueva retirada de la empresa urbanizadora «refleja fielmente la política urbanística llevada a cabo por este alcalde y su equipo de gobierno durante los últimos 11 años de mandato ya que se empeñaron en llevar adelante estos proyectos sin tener en cuenta la situación económica y las dificultades de muchas familias propietarias de los terrenos para afrontar el pago de las cuotas de urbanización». Las obras de urbanización están valoradas en cerca de 4 millones de euros que tienen que sufragar los propietarios de los terrenos a pesar de que no se han llevado a cabo.
El portavoz socialista lamenta que los cambios del agente urbanizador «supone graves problemas para llevar adelante las obras ya que los dueños de los terrenos afectados se ven obligados a desembolsar importantes cantidades de dinero por un proyecto paralizado y que no lleva visos de ejecutarse a corto plazo por la grave crisis económica actual».
El PSPV ha recordado que la política urbanística del PP «ha supuesto a lo largo de esta legislatura el cierre de decenas de empresas a causa de las elevadas cuotas, el embargo de negocios y la subasta de terrenos embargados por culpa de la gestión urbanística del alcalde que se ha mantenido más pendiente de asegurar los intereses económicos del agente urbanizador que de defender a sus propios vecinos, desbordados por las cuotas económicas».
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