Post també disponible en:
Valencià
La Dirección General de Prevención de Incendios Forestales estudiará flexibilizar las restricciones de siega para la campaña de 2027.
Mientras esas mejoras normativas llegan, la organización pide un apoyo económico extraordinario para los cerealistas de la Comunitat Valenciana.
La Unió Llauradora solicita a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias para compensar las importantes pérdidas sufridas por los productores de cereal de la Comunitat Valenciana, que cifran en torno al 35% de la cosecha de esta campaña.
La organización atribuye esta situación a la imposibilidad de realizar la siega durante numerosos días por las restricciones derivadas de la activación del nivel 3 del Plan frente al Riesgo de Incendios Forestales, a los daños ocasionados por la fauna silvestre y al incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola y los fertilizantes.
La Unió recuerda en el apartado meteorológico que ya trasladó a la Dirección General de Prevención de Incendios una propuesta para modificar la normativa que regula el uso de maquinaria agrícola en zonas de influencia forestal. El objetivo es mantener la máxima protección frente a los incendios, pero permitiendo trabajar durante aquellas horas del día en las que las condiciones meteorológicas reducen significativamente el riesgo, como la madrugada o las primeras horas de la mañana.
La Generalitat ha comunicado a la organización que comparte que “la agricultura profesional es la primera interesada en evitar los incendios forestales” y que “estudiará estas propuestas de cara a la campaña de 2027 y analizará la posibilidad de flexibilizar las restricciones en nivel 3 en función de parámetros objetivos como la temperatura, la humedad relativa o el viento”.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, señala que «los agricultores somos los primeros interesados en evitar los incendios forestales porque vivimos y trabajamos en el territorio. Cuando hay riesgo, no queremos trabajar; cuando el riesgo desaparece, queremos poder hacerlo». En este sentido, insiste en que «un campo cultivado y en producción es también una herramienta fundamental para prevenir los grandes incendios forestales”.
La organización considera que la experiencia de esta campaña demuestra que es posible avanzar hacia una gestión dinámica del riesgo basada en información meteorológica en tiempo real y en criterios técnicos que distingan entre las distintas actividades agrícolas mecanizadas, evitando prohibiciones generales cuando las condiciones permiten trabajar con seguridad.
Mientras esas mejoras normativas llegan, La Unió reclama compensaciones económicas para los cerealistas, ya que las restricciones han provocado pérdidas de producción y calidad, agravadas por la fauna silvestre y las elevadas temperaturas registradas durante la primavera.
Agricultores de todas las comarcas productoras denuncian que muchas parcelas no han podido cosecharse a tiempo, con pérdidas económicas muy importantes e incluso con riesgo para la viabilidad de futuras campañas. “Tenemos plantaciones que cuestan unos 3.500 euros por hectárea que se van a morir y por ello necesitamos ayudas”, asegura un productor.
«La sociedad no tiene que elegir entre proteger los bosques o proteger a los agricultores. Necesitamos una normativa que haga compatibles ambas cosas y unas ayudas que eviten que las pérdidas recaigan siempre sobre los productores», concluye Carles Peris.
El cultivo del cereal en nuestro territorio está situado en comarcas de interior desfavorecidas y en claro riesgo de despoblamiento, por lo tanto, las Administraciones tendrían que implicarse al publicar normativas que hagan viable la actividad agraria y que no ocasionan más abandono de tierras puesto que se trata de una cosecha importante para estas zonas.
