PP de Buñol y no adscritos rechazan la Cuenta General de 2011 «hasta que se dé solución a los problemas de Buinsa»

La sesión plenaria que cerró el ejercicio 2012 en Buñol, aunque algo más liviana que otras anteriores, ha vuelto a ejemplificar la notable distancia existente entre gobierno (EU, PSOE e IA) y oposición (PP y no adscritos), especialmente en materia económica, tal como ya adelantó este semanario en su edición impresa.
El primer cruce de declaraciones llegó en el debate sobre la Cuenta General de 2011. Tanto Partido Popular como los ediles del grupo no adscritos votaron en contra de la misma al entender que el gobierno debía dar antes solución a los «graves problemas» que, como afirmaron, afectan a la empresa pública Buñol Industrial, SA (Buinsa).
El portavoz del PP, Marcial Díaz, denunció durante su intervención la progresiva «descapitalización» de Buinsa y criticó que en la Cuenta General de 2011 elevada a pleno no se recogieran «los cerca de 120 millones de las extintas pesetas que el Ayuntamiento le adeuda».
El concejal Francisco Carrascosa (no adscritos) también incidió en esta situación y recordó que cuando se presentaron las cuentas generales de Buinsa se adquirió el compromiso de dar solución a este asunto, «sin que se haya hecho nada al respecto por parte del gobierno».
El edil de Hacienda, Eusebio Sáez (PSOE), recordó que el actual equipo gestor está «tratando de buscar soluciones al problema». Como prueba de esta declaración de intenciones anunció la consignación de 200.000 euros «con los que se solucionará parte del problema», tal como aseguró.
Como algo extraordinario, el Interventor del Ayuntamiento tomó la palabra para aclarar a los representantes políticos que para que la deuda aparezca recogida en la contabilidad, «esta deberá ser reconocida en pleno, para posteriormente detallar a qué partida se consigna. Además, también se debe explicar cómo se va a pagar. Sólo entonces aparecerá reflejada en la contabilidad», según dijo. Finalmente, la mayoría de la oposición votó en contra de la Cuenta General defendida por el equipo de gobierno.
Otro de los puntos de interés fue el referido a la delegación en la Diputación de Valencia de la recaudación ejecutiva de los tributos e ingresos de derecho público municipales. Aquí, Marcial Díaz afirmó que en estos momentos «hay un atasco» en este apartado, «por lo que aún quedan pendientes de recaudación 2.150.000 euros; o lo que es lo mismo casi 358 millones de las antiguas pesetas».
Desde la bancada popular se acusó al responsable del área de Hacienda de «dejadez» y de «no saber lo que se quiere respecto a la recaudación»; y no pudieron contener la sonrisa al escuchar que el edil de Hacienda «despúes de nueve años en su cargo se había enterado al mismo tiempo que el portavoz del PP de la cantidad que tiene el Ayuntamiento sin recaudar en impuestos municipales». A pesar de las críticas, los populares confirmaron su voto favorable a que sea la Administración provincial la que agilice el cobro.
En respuesta a la intervención de portavoz del PP, el edil Eusebio Sáez acusó a la formación de hacer «una política de terrorismo económico contra el Ayuntamiento». Minutos después, acusó a Díaz de «mentir descaradamente», pues según mantuvo «los 2.150.000 euros pendientes de cobro no han prescrito, no es un dinero que se haya perdido, por lo que son perfectamente recaudables».
Una vez finalizada la sesión, el alcalde autorizó que Eusebio Sáez leyera una carta del presidente del Comité de Empresa de los trabajadores del Ayuntamiento en la que se contestaba a las críticas del PP sobre que determinados empleados estaban haciendo menos horas de las que tocaban. Ante la negativa del alcalde a que los populares pudieran rebatir el contenido de la carta, los ediles de este grupo decidieron marcharse del pleno acusando al alcalde de «tener poco respeto por la democracia».

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